El gobierno argentino derogó la normativa de 2012 que imponía criterios restrictivos para el otorgamiento de patentes farmacéuticas, en una medida que busca modernizar el sistema y alinear al país con los estándares internacionales. La resolución conjunta, publicada en el Boletín Oficial y firmada por los ministros de Salud, Economía y el presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), otorga a este organismo la potestad de analizar cada solicitud de patente de medicamentos de manera individual, sin los condicionamientos previos que dificultaban el acceso de nuevas terapias al mercado local.

Según el gobierno, la reforma permitirá agilizar la llegada de medicamentos innovadores, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversiones en investigación y desarrollo. "El sistema de patentes farmacéuticas se moderniza para garantizar el acceso a mejores tratamientos", señaló el Ministerio de Desregulación. Además, se aseguró que los medicamentos ya comercializados no serán retirados ni sujetos a pagos retroactivos, garantizando la continuidad del acceso para los pacientes.

La medida generó reacciones encontradas en el sector. La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que agrupa a laboratorios internacionales, consideró que la actualización normativa es "un paso fundamental para generar un entorno más previsible para la inversión y la innovación". Por su parte, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) expresó su preocupación por el posible "evergreening", es decir, la extensión artificial de patentes que podría limitar la competencia de medicamentos genéricos y biosimilares. CILFA destacó que la competencia ha permitido ahorros estimados en más de 3.000 millones de dólares anuales y una mayor cobertura para los pacientes.

El debate de fondo enfrenta la necesidad de incentivar la innovación y la llegada de nuevas terapias con la importancia de mantener el acceso a medicamentos asequibles. El gobierno subraya que la reforma no afecta la protección de datos de prueba ni la extensión de plazos de patentes, aspectos que contribuyen a un ecosistema farmacéutico competitivo. La implementación de la nueva normativa será clave para determinar su impacto real en el mercado y en la salud pública, en un contexto de compromisos internacionales y presión por mejorar la eficiencia del sistema de salud argentino.