Un grave caso de violencia digital sacudió a la comunidad educativa del Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, ambos dependientes de la Universidad de Buenos Aires. A fines de junio, se descubrió que un grupo de alumnos de entre 13 y 14 años había utilizado inteligencia artificial para crear y vender imágenes falsas de compañeras desnudas, generando conmoción y repudio en toda la comunidad.

Según confirmaron fuentes judiciales y educativas, los estudiantes manipulaban fotos de sus compañeras, amigas o exparejas, y las comercializaban en grupos de WhatsApp por sumas que rondaban los $1000 por pack. Las imágenes, en su mayoría deepfakes, fueron difundidas sin consentimiento, lo que llevó a la activación de protocolos de violencia de género y digital en ambas instituciones. "Cualquier acción de este tipo resulta repudiable y contraria a los valores que promueve esta institución. Se tomarán las acciones pedagógicas y reparatorias que correspondan", expresó Valeria Bergman, rectora del Colegio Nacional de Buenos Aires.

La denuncia fue presentada por alumnas y sus familias, y la Justicia ya recibió al menos tres presentaciones: una particular, una institucional y una anónima. Mientras tanto, los alumnos involucrados fueron suspendidos y se reforzaron las medidas de contención escolar, incluyendo la restricción del uso de celulares y el pedido de control parental activo.

El caso generó un clima de tensión y enojo, con ruidazos, sentadas y mensajes de repudio por parte de la Comisión de Géneros del centro de estudiantes, que exigió que no se obligue a las víctimas a convivir con los responsables. "La realidad en nuestros colegios exige que se rompa el silencio", señalaron en un comunicado.

Las autoridades de la UBA y los colegios involucrados iniciaron investigaciones internas y colaboran con la Justicia. El caso expone los desafíos legales y sociales que plantea el uso de inteligencia artificial para la creación de deepfakes y la comercialización de imágenes íntimas sin consentimiento, así como la necesidad de fortalecer la prevención y la educación digital en las escuelas. Las familias y la comunidad educativa reclaman sanciones ejemplares y mayor protección para las víctimas, en un contexto de creciente preocupación por la violencia de género y la privacidad en entornos digitales.