La causa por el asesinato de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en 1984 y cuyos restos fueron hallados 41 años después en el barrio porteño de Coghlan, atraviesa una instancia judicial clave. Este miércoles se realizó una audiencia de apelación en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, donde la familia de la víctima y la fiscalía solicitaron la revocatoria del sobreseimiento de Cristian Graf, excompañero de escuela y dueño de la casa donde se hallaron los restos.

La audiencia, calificada como "muy brava" por la defensa, estuvo marcada por la intensidad de los interrogatorios a todas las partes. Martín Díaz, abogado de Graf, señaló que los jueces superaron ampliamente los tiempos previstos para las exposiciones y que la decisión será comunicada en un plazo de diez días hábiles. La querella, representada por Javier Fernández Lima, hermano de la víctima, insistió en la necesidad de continuar la investigación y criticó la falta de acción del Estado durante más de cuatro décadas.

El caso, que comenzó el 26 de julio de 1984 cuando Diego fue visto por última vez tras pedir dinero a su madre, fue inicialmente tratado como una "fuga de hogar". Sin embargo, el hallazgo fortuito de sus restos en 2025 reavivó el reclamo de justicia y puso en cuestión la prescripción de los delitos y la responsabilidad estatal. El juez de instrucción había sobreseído a Graf por considerar que el hecho no encuadraba en una figura legal y que la causa estaba prescripta, decisión que fue apelada por la familia y el fiscal Martín López Perrando.

La defensa de Graf sostiene que no existen pruebas que lo vinculen con el crimen y denuncia que la investigación ha sido parcial. Por su parte, la familia Fernández Lima y el fiscal consideran que cerrar la causa sería una nueva injusticia y una muestra de impunidad. La sociedad sigue de cerca el desenlace de este caso, que expone las falencias del sistema judicial y la deuda pendiente con las víctimas de crímenes no resueltos en la Argentina.