El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, avanza con una controvertida reforma fiscal que busca eliminar la exención de Ingresos Brutos para los bancos que operen con bonos emitidos por el Gobierno nacional. La iniciativa, incluida en el proyecto de ley impositiva 2026, propone aplicar una alícuota del 9% sobre los rendimientos de estos instrumentos, lo que representa la tasa más alta del país para el sector financiero.

La medida, que ya obtuvo dictamen de comisión y podría ser tratada en la Legislatura bonaerense, excluye de la exención únicamente a los títulos nacionales, manteniendo los beneficios fiscales para los títulos emitidos por la provincia, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios. Según fuentes del sector financiero, este cambio podría incrementar entre un 30% y un 40% el pago de Ingresos Brutos de los bancos a la provincia, lo que, advierten, se trasladaría al costo del crédito y afectaría la competitividad del sistema financiero.

El titular del bloque bonaerense del PRO, Matías Ranzini, expresó su rechazo a la medida, argumentando que "quieren recaudar más a expensas de encarecer el financiamiento del sector privado, en definitiva el bolsillo de los que quieren invertir". Por su parte, entidades empresarias y pymes han reclamado una actualización de las bases imponibles y una revisión de las alícuotas para sectores industriales, advirtiendo sobre el impacto negativo en la estructura de costos y la competitividad productiva.

El economista Alberto Barros explicó que la medida afectará principalmente a los bancos con presencia en la provincia, y que podría impactar hasta en un 50% de las rentas de títulos públicos en cartera. Además, señaló que el impuesto no grava el capital, sino las ganancias obtenidas por la inversión en estos títulos.

La reforma se da en un contexto de alta presión fiscal y tensiones entre la provincia y el Gobierno nacional, en medio de negociaciones por el presupuesto y la autorización para tomar nueva deuda. Mientras tanto, la discusión sobre la constitucionalidad de la medida y su posible judicialización podría llegar a la Corte Suprema, en un escenario de creciente fragmentación fiscal entre las jurisdicciones argentinas.