La investigación judicial sobre la comercialización de ampollas de fentanilo contaminadas con bacterias multirresistentes ha sacudido al sistema de salud argentino, revelando una tragedia sin precedentes. Según los expedientes incorporados al Juzgado Federal N°3 de La Plata, al menos 122 pacientes fallecieron tras recibir el medicamento producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, en hospitales de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

El brote comenzó oficialmente en mayo de 2025, cuando médicos del Hospital Italiano de La Plata detectaron un patrón inusual de neumonías resistentes en pacientes de terapia intensiva. Los estudios confirmaron la presencia de bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica en las ampollas de fentanilo, lo que llevó a la clausura de los laboratorios y la detención de Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, junto a otros directivos.

El Instituto Malbrán y la ANMAT fueron determinantes en la investigación, al confirmar la contaminación y señalar graves deficiencias en los procesos de producción y control de calidad. El lote 31.202, elaborado en Ramallo y distribuido desde enero, fue identificado como el principal responsable. Las pericias judiciales establecieron que la huella genética de las bacterias en las ampollas coincidía con la de los pacientes afectados.

La investigación también reveló irregularidades en la trazabilidad de los medicamentos, desvío ilegal de ampollas y encubrimiento por parte de empleados y directivos. Conversaciones internas y documentos robados sugieren una operación deliberada para borrar rastros cuando el escándalo salió a la luz. La ANMAT suspendió la habilitación de droguerías vinculadas y reforzó los controles sobre la industria farmacéutica.

El caso, conocido como el "Fentanilogate", expuso debilidades estructurales en la fiscalización de medicamentos y generó un debate sobre la regulación y control de la industria. Médicos y familiares de víctimas reclaman justicia y transparencia, mientras que las autoridades provinciales, tras una inicial cautela, se sumaron como querellantes en la causa. Algunos casos pediátricos siguen bajo reserva, y el número de víctimas podría aumentar a medida que avanza la investigación.

La tragedia ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad en la producción y distribución de medicamentos, así como de garantizar la seguridad de los pacientes en el sistema de salud argentino.