El presunto abuso sexual a una niña de 9 años en la escuela Abraham Lemos, ubicada en Los Corralitos, Guaymallén, ha generado una profunda conmoción en la comunidad mendocina. La denuncia, realizada por la madre de la menor, señala a un albañil que trabajaba en el establecimiento como el presunto agresor, quien habría atacado a la niña en reiteradas ocasiones dentro del baño escolar y la habría amenazado gravemente para evitar que revelara lo sucedido.

Tras conocerse el caso, la comunidad educativa y los padres de los alumnos se autoconvocaron para exigir justicia y mayor seguridad en el entorno escolar. La directora del establecimiento solicitó licencia ante la gravedad de la situación, mientras que el Ministerio de Educación activó de inmediato los protocolos previstos para este tipo de hechos, incluyendo la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario y el Programa Provincial de Maltrato Infantil para brindar acompañamiento médico y psicológico a la víctima y su familia.

La investigación penal está a cargo de la fiscal María de las Mercedes Moya, quien pidió cautela ante la viralización de información no respaldada legalmente y solicitó que solo se difundan datos verificados. Hasta el momento, no hay detenidos y la causa continúa en curso. Los controles médicos realizados a la niña confirmaron lesiones compatibles con abuso, aunque no se detectó desgarro.

El caso ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar los protocolos de protección en las escuelas y de brindar mayor seguridad tanto a los alumnos como al personal docente. El gremio SUTE, que acompañó a los trabajadores de la escuela, reclamó la implementación de medidas claras y efectivas para proteger a los educadores y celadores, señalando que la problemática excede a la institución y requiere una respuesta social más amplia.

Durante las protestas, se registraron incidentes y agresiones a docentes, lo que llevó a las autoridades educativas a condenar estos hechos y a llamar al diálogo institucional como vía para canalizar la preocupación de la comunidad. El caso sigue generando repercusiones y se espera que la investigación avance para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, mientras la escuela y las familias continúan recibiendo apoyo y contención.