Incómodo momento en un consultorio
🔴 Un anestesiólogo condenado por mala praxis en Bahía Blanca sigue ejerciendo pese a estar inhabilitado. La demora judicial permite que el caso no esté firme tras más de 10 años. Indignación y críticas al sistema judicial. #Justicia #BahíaBlanca



En Bahía Blanca, un caso de mala praxis médica ocurrido hace más de una década volvió a generar controversia. José Luis Calió, un anestesiólogo condenado en 2012 por su responsabilidad en un brote de Hepatitis C que afectó a varios pacientes, fue descubierto trabajando en un consultorio médico local, a pesar de estar inhabilitado para ejercer su profesión.
El incidente tuvo lugar en un consultorio ubicado en las calles Mitre y Caronti, donde una mujer reconoció al anestesiólogo mientras acompañaba a una amiga que se sometía a un procedimiento médico. La mujer, identificada como la madre de una de las víctimas del brote de Hepatitis C, confrontó a Calió públicamente, acusándolo de ser un "caradura" y recordándole su condena. Ante la situación, el médico abandonó el lugar.
Calió fue condenado en 2012 junto a otros profesionales por mala praxis en una clínica local, donde la falta de higiene y la sobrecarga de pacientes resultaron en el contagio masivo de Hepatitis C. La sentencia incluyó 2 años y medio de prisión e inhabilitación para ejercer, pero la causa aún no está firme debido a demoras en la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Esta situación ha permitido que el anestesiólogo continúe trabajando, lo que ha generado indignación y críticas hacia el sistema judicial.
La comunidad local ha expresado su malestar por la presencia de Calió en un ámbito médico, señalando que la falta de celeridad judicial pone en riesgo a la sociedad y afecta la confianza en las instituciones. Este caso también ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformas en el sistema judicial argentino, que a menudo enfrenta críticas por su lentitud y falta de eficacia.
El caso de José Luis Calió no solo expone las fallas del sistema judicial, sino que también plantea preguntas sobre la responsabilidad ética y profesional en el ámbito médico. Mientras tanto, las víctimas y sus familias continúan esperando justicia, más de una década después de los hechos.