El Hospital Garrahan, uno de los principales centros pediátricos de Argentina, confirmó un paro de 48 horas para la próxima semana, en respuesta a la denuncia de retención de fondos por parte de su administración. La medida, impulsada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la Junta Interna de ATE, se produce en un contexto de creciente tensión institucional y tras la renuncia de un miembro del Consejo Directivo del hospital.

Según los gremios, la crisis se originó por la retención de aproximadamente $40.000 millones provenientes de la facturación a obras sociales y prepagas, recursos que por normativa deberían destinarse a salarios y obras de infraestructura. "La crisis institucional es total: hay millones de pesos retenidos por las autoridades y hoy renunció un nuevo consejero, pero no citan a los trabajadores a dialogar ni a ninguna instancia de negociación, por lo tanto el conflicto se recrudece", afirmó Alejandro Lipcovich, titular de ATE Garrahan.

El paro, que se desarrollará entre martes y jueves, incluirá una guardia mínima y afectará todos los turnos del hospital. La medida se suma a un paro nocturno y a movilizaciones previas, en las que los trabajadores exigieron la liberación de los fondos y la implementación de la Ley de Emergencia Pediátrica, recientemente aprobada en la Cámara de Diputados tras el rechazo al veto presidencial. La ley, que implica un gasto adicional de más de $65.000 millones, fue rechazada por el oficialismo bajo el argumento de que compromete el equilibrio fiscal.

En paralelo, el Congreso también desestimó el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, lo que generó una masiva movilización de estudiantes, docentes y trabajadores en Buenos Aires y otras ciudades del país. Las marchas, que incluyeron velas, pancartas y cánticos en defensa de la universidad pública, reflejaron el malestar social ante el ajuste presupuestario y la crisis de las instituciones educativas.

El impacto político de estos hechos fue significativo. El rechazo a los vetos expuso la fragilidad de los acuerdos del oficialismo y marcó un punto de inflexión en la estrategia legislativa del presidente Javier Milei. Voceros del gobierno señalaron que la decisión del Congreso responde a presiones corporativas y advirtieron que el Ejecutivo mantendrá las herramientas para administrar los recursos conforme a su plan económico.

Mientras tanto, los sindicatos del Garrahan y representantes universitarios continúan exigiendo la aplicación efectiva de las leyes aprobadas y la distribución transparente de los fondos. Juristas consultados advierten que la ejecución de las normas dependerá de la voluntad política del gobierno y del grado de presión social que logren sostener los movimientos de protesta. El desenlace de este conflicto podría definir el alcance real del ajuste y la capacidad de resistencia de sectores clave de la sociedad argentina.