Las declaraciones de la senadora nacional por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, generaron una fuerte polémica en el ámbito político y social argentino. Durante el debate en el Senado sobre la Ley de Emergencia Pediátrica, Álvarez Rivero afirmó: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado”. Sus palabras provocaron un inmediato rechazo por parte de familias de pacientes, legisladores de distintos partidos y referentes sociales.

En la sesión posterior, la senadora pidió disculpas públicas: “Si mi frase ha sensibilizado a padres y a pacientes de ese hospital de excelencia, les pido mis más sinceras disculpas, no fue mi intención y estoy dispuesta a reunirme con cada una de esas familias para explicarles el por qué, aunque reconozco que la frase fue muy desafortunada”. Álvarez Rivero defendió su postura sobre la competencia provincial en materia de salud, argumentando que “la salud es responsabilidad provincial y está bien que así sea porque tiene que estar cerca de donde vive la gente, si no, no sirve”.

El repudio a sus declaraciones fue transversal. La Legislatura de Córdoba aprobó una declaración formal de rechazo, fundamentando que los dichos “resultan discriminatorios, impropios y contrarios a los principios constitucionales y convencionales que garantizan el derecho a la salud, sin distinción ni restricciones de jurisdicción”. Legisladores de diferentes bloques, como el PJ, la UCR y el juecismo, se sumaron al repudio, destacando el rol federal y de excelencia del Hospital Garrahan.

Familiares de pacientes, como Eliana Serrano, madre de un niño atendido en el Garrahan, expresaron su preocupación y defendieron el derecho universal a la salud: “La senadora dice que no conoce un derecho en este sentido pero el derecho a la salud es universal y está en la Constitución Nacional. Este derecho no distingue entre ciudadanos de distintas provincias, ni establece límites geográficos para su ejercicio”.

En medio de la controversia, el Senado aprobó la Ley de Emergencia Pediátrica, que declara la situación de emergencia por un año y prioriza la asignación de recursos para la atención pediátrica en todo el país. La normativa también reconoce al Hospital Garrahan como hospital de referencia nacional y prevé mejoras salariales para el personal de salud. El debate sobre la competencia federal o provincial en salud continúa siendo un tema central en la agenda pública argentina.