El procesamiento de exdirectivos de la AFIP y de la empresa agroexportadora Vicentin por encubrimiento y lavado de activos ha desatado el mayor escándalo de corrupción en la historia de la provincia de Santa Fe. El juez federal Ricardo Mianovich dictó el procesamiento de Carlos Vaudagna, exdirector regional de la AFIP en Santa Fe y Rosario, y de Omar Scarel, expresidente y exsíndico de Vicentin, acusados de maniobras para encubrir la apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por más de 143 millones de pesos entre 2016 y 2019.

Según la investigación, Vaudagna utilizó su posición para influir en las inspecciones fiscales y asesorar ilegalmente a Scarel, facilitando argumentos y datos internos de la AFIP para evitar sanciones a Vicentin. La maniobra se basó en la declaración de créditos fiscales ficticios respaldados por facturas apócrifas de proveedores y corredores de granos, lo que permitió a la empresa percibir reintegros indebidos y ocasionar un perjuicio millonario al Estado.

El caso se destapó tras el análisis de los registros de WhatsApp incautados a Vaudagna, donde se evidenciaron comunicaciones con Scarel y otros implicados. Vaudagna, en calidad de "arrepentido", admitió haber cometido delitos como extorsión y malversación, y reveló una red de corrupción que involucra a más de 30 personas, incluidos jueces, empresarios, sindicalistas y operadores judiciales. La Justicia dispuso embargos preventivos por 700 millones de pesos para Vaudagna y 200 millones para Scarel.

La causa, iniciada en 2020 tras una denuncia de la ex AFIP, ha derivado en múltiples investigaciones en distintas ciudades de la provincia y ha provocado el apartamiento de jueces por posibles conflictos de interés. La magnitud del caso ha llevado a la intervención de nueve fiscales federales y varias procuradurías nacionales, y se espera que continúe creciendo con la aparición de nuevos datos y posibles arrepentidos.

El escándalo ha puesto en el centro del debate la transparencia en la administración pública y el control sobre los beneficios fiscales, mientras la Justicia y la AFIP avanzan en la identificación de todos los responsables y en la recuperación de los fondos desviados.