La oficina de PAMI en El Bolsón, Río Negro, fue escenario de una fuerte controversia tras permanecer cerrada el 18 de junio de 2025, en el marco de una jornada de paro y movilización en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La decisión, encabezada por la delegada María Eugenia Alonso y respaldada por el gremio ATE, dejó sin atención a más de 3.700 afiliados, en su mayoría adultos mayores, lo que generó indignación entre los vecinos y usuarios del servicio.

Según informaron fuentes oficiales, los empleados de la oficina no atendieron al público durante toda la jornada, a pesar de encontrarse en el interior del edificio. Carteles en la entrada anunciaban el paro nacional, y varios testimonios de vecinos afectados, como el de una mujer que acompañaba a su madre de 89 años, pusieron en evidencia la falta de atención y la ausencia de una guardia mínima para casos urgentes.

La reacción de las autoridades de PAMI fue inmediata. A través de un comunicado, el organismo anunció la desvinculación de la delegada y la suspensión preventiva por 29 días de los empleados involucrados, argumentando que la medida responde a una política de "transparencia y responsabilidad" y que no se tolerará el uso político-partidario de los recursos públicos ni el abandono de funciones. "Las oficinas públicas deben ser un espacio de servicio, que atienda a las necesidades de todos, y no trincheras ideológicas que defiendan intereses partidarios", expresó la diputada libertaria Lorena Villaverde, quien celebró la decisión.

Por su parte, representantes de ATE defendieron la acción sindical, asegurando que se garantizó una guardia mínima y denunciaron que la situación fue utilizada políticamente por sectores opositores. El caso reavivó el debate sobre el funcionamiento de las oficinas estatales, la responsabilidad de los empleados públicos y el derecho a la protesta, en un contexto de alta polarización política.

Actualmente, la oficina de PAMI en El Bolsón continúa operando con normalidad, según informaron las autoridades, quienes reiteraron su compromiso de garantizar la atención a los afiliados y evitar el uso partidario de los recursos estatales.