La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió este lunes revocar el fallo que permitía a la expresidenta Cristina Kirchner votar en las elecciones legislativas nacionales de 2025, excluyéndola del padrón electoral. La decisión, adoptada por los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, responde a la condena firme que pesa sobre la exmandataria en la causa Vialidad, por la que recibió seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El fallo inicial, emitido por la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, había declarado la inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal y del Código Nacional Electoral que excluyen del padrón a personas condenadas. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral consideró que la habilitación para votar debe ser solicitada por el interesado o el Ministerio Público y analizada en función del tipo y la naturaleza del delito, siguiendo precedentes como "Procuración Penitenciaria" y "Orazi".

La fiscalía apeló la decisión de primera instancia, argumentando que la condena firme por corrupción impide la participación de Cristina Kirchner en los comicios. El tribunal destacó que la sentencia apelada se dictó de oficio, sin petición de la exmandataria ni de su defensa, y sin un análisis concreto del caso, lo que contraviene la jurisprudencia vigente.

En la práctica, la exclusión de Cristina Kirchner del padrón electoral significa que no podrá votar ni postularse en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El tribunal subrayó que el Congreso de la Nación aún no ha legislado sobre el derecho al voto de personas condenadas, lo que genera un vacío legal y mantiene abierto el debate sobre derechos políticos y garantías judiciales.

Hasta el momento, Cristina Kirchner no ha realizado declaraciones públicas sobre la decisión. Desde el peronismo, se sostiene que la exmandataria es víctima de una persecución judicial, mientras que el tribunal insiste en la necesidad de que el Poder Legislativo revise la reglamentación vigente. El caso marca un precedente relevante en la interpretación de los derechos políticos de personas condenadas y podría tener implicancias futuras en la legislación electoral argentina.