Un escándalo de corrupción ha sacudido a la policía de Rosario, donde 13 agentes y 4 civiles han sido imputados por un fraude millonario relacionado con la carga de combustible de patrulleros. Según la investigación liderada por el fiscal José Luis Caterina, las maniobras fraudulentas habrían generado un perjuicio mensual de 45 millones de pesos entre agosto de 2024 y mayo de 2025.

El esquema de corrupción incluía sobrefacturación y cargas ficticias de combustible en patrulleros, algunos de los cuales estaban fuera de servicio. Las evidencias presentadas en la audiencia incluyen intervenciones telefónicas, datos de GPS y fotografías de policías retirando dinero en efectivo de la estación de servicio Gas Auto Tiferno S.A., ubicada en Ovidio Lagos al 3900, en Rosario. La estación, ahora clausurada, era el epicentro de las operaciones fraudulentas.

Entre los imputados se encuentran altos mandos policiales como el comisario Gerardo Ramírez, jefe del garaje oficial de la Unidad Regional II, y el comisario Juan Pablo Pigozzi, jefe de la Brigada de Orden Urbano. También están involucrados civiles relacionados con la estación de servicio, quienes habrían facilitado las maniobras fraudulentas.

La investigación comenzó en julio de 2024 tras una denuncia anónima y ha llevado a la intervención de la Unidad Regional II de Rosario. Además, varios mandos policiales han sido desplazados de sus cargos. Durante los allanamientos, se incautaron grandes sumas de dinero en efectivo, documentación y dispositivos electrónicos que podrían aportar más pruebas al caso.

El fiscal Caterina destacó que las tarjetas de débito Visa Flota, destinadas a la carga de combustible, eran centralizadas por los implicados para realizar sobrefacturaciones y cargas ficticias. En algunos casos, patrulleros que no estaban en funcionamiento registraban consumos de combustible exorbitantes.

Este caso ha generado indignación en la opinión pública y ha puesto en evidencia las fallas en los controles internos de las fuerzas de seguridad. El gobierno provincial ha prometido una investigación exhaustiva y ha señalado que no se descartan más imputaciones a medida que se analicen los datos incautados.

La magnitud del fraude y la participación de altos mandos policiales subrayan la necesidad de reformas estructurales en las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, la investigación continúa y se espera que el caso tenga implicaciones significativas para la lucha contra la corrupción en Rosario y en la provincia de Santa Fe.