El Gobierno argentino ha anunciado una serie de medidas fiscales que buscan reducir los costos de productos electrónicos en el país. Entre las principales disposiciones se encuentra la eliminación gradual de los aranceles de importación de celulares, que actualmente se sitúan en un 16%. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, esta tasa se reducirá al 8% en una primera etapa y llegará a 0% en enero de 2026. Además, se implementará una baja en los impuestos internos: del 19% al 9,5% para productos importados y del 9,5% al 0% para los fabricados en Tierra del Fuego.

El anuncio ha generado reacciones mixtas. Por un lado, se espera que estas medidas reduzcan los precios de productos electrónicos en hasta un 30%, beneficiando a los consumidores y fomentando la competencia en el mercado. Por otro lado, empresarios del sector, como Luis Galli, CEO de Newsan, han expresado su preocupación por el impacto en la industria local. "Con estas condiciones, es muy difícil que podamos seguir produciendo celulares en Argentina y competir con productos importados", afirmó Galli, quien también advirtió sobre posibles despidos y el cierre de operaciones en Tierra del Fuego.

El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, que ha sido objeto de críticas por su alto costo fiscal y su impacto en la competitividad, se encuentra en el centro del debate. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), este esquema genera un costo fiscal anual de USD 1.070 millones, equivalente al 0,22% del PBI nacional. A pesar de estas críticas, el régimen ofrece beneficios fiscales significativos, como la exención del IVA y de impuestos internos, que podrían permitir a los productos locales mantener cierta competitividad frente a los importados.

El contexto electoral también ha sido señalado como un factor relevante en este anuncio. Algunos analistas y empresarios han calificado la medida como "electoralista", dado su proximidad a las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires. Carlos Melconian, economista y exintegrante de la Fundación Mediterránea, cuestionó el momento del anuncio, sugiriendo que podría haber sido parte de un plan más integral en otro momento.

A pesar de las críticas, el Gobierno confía en que estas medidas contribuirán a reducir el contrabando y a fomentar el mercado formal, al tiempo que benefician a los consumidores con precios más accesibles. Sin embargo, el impacto real en la industria local y en la economía en general aún está por verse, especialmente en un contexto de reformas económicas más amplias impulsadas por la administración de Javier Milei.