El juez Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, compareció ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura en una audiencia decisiva para su futuro institucional. Díaz Lacava enfrenta un procesamiento penal confirmado por la Cámara Federal de Bahía Blanca por amenazas, lesiones y violencia de género, además de un expediente disciplinario que recopila 27 testimonios e informes médicos que describen un ambiente laboral tóxico y un patrón de hostigamiento e intimidación.

Durante la audiencia, realizada el 10 de febrero de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires, el magistrado defendió su accionar admitiendo algunos hechos, como el lanzamiento de una piedra a una oficina donde trabajaba un secretario, pero los calificó como "bromas impropias" o "malentendidos". Díaz Lacava argumentó que su estilo de trabajo estricto pudo haber generado tensiones, pero negó haber cometido delitos o incurrido en violencia sistemática. "Estoy sumamente arrepentido, pero fue una broma. Si hubiera sido de gravedad, habría provocado algún daño", afirmó el juez, quien también presentó pruebas de relaciones cordiales con los denunciantes.

La defensa del magistrado, encabezada por el abogado Andrés Gil Domínguez, sostiene que las denuncias responden a disputas internas por ascensos y resistencias a su estilo de trabajo, y no a conductas violentas. Díaz Lacava subrayó que nunca fue advertido formalmente sobre comportamientos inapropiados y que no existen grabaciones ni pruebas objetivas de los hechos denunciados.

El dictamen acusatorio, sin embargo, es contundente: describe un patrón de hostigamiento, intimidación y abuso de autoridad, con impacto directo en la salud física y psíquica de las víctimas. Las medidas cautelares vigentes incluyen la prohibición de contacto entre el juez y los empleados denunciantes, aunque se han reportado nuevos episodios de hostigamiento.

El consejero instructor Álvaro González considera que la prueba reunida es suficiente para avanzar hacia la suspensión y el juicio político del magistrado. El Consejo de la Magistratura deberá decidir en los próximos días si la permanencia de Díaz Lacava en el cargo es compatible con los estándares de idoneidad y decoro exigidos a un juez federal. El caso pone en el centro del debate la eficacia de los mecanismos de control sobre la conducta de los magistrados y la respuesta institucional ante denuncias de violencia laboral y de género.