La muerte de Alejandro Zalazar, anestesista del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ocurrida el 20 de febrero en su departamento de Palermo, desencadenó una investigación judicial que sacudió al sistema de salud porteño. La autopsia determinó que Zalazar falleció por una sobredosis de propofol y fentanilo, potentes anestésicos de uso hospitalario. El hallazgo de estos fármacos en su domicilio llevó a la Justicia a indagar sobre su procedencia y el posible desvío de medicamentos desde el Hospital Italiano de Buenos Aires.

La investigación, a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Lucio Herrera, identificó a Hernán Boveri, anestesiólogo de planta, y Delfina Lanusse, residente de tercer año, como principales imputados por el presunto robo y distribución de anestésicos. Ambos fueron apartados de sus funciones y enfrentan cargos por administración fraudulenta en perjuicio del hospital. La causa también explora la hipótesis de que los medicamentos sustraídos habrían sido utilizados en fiestas privadas, conocidas como “Propo fest”, donde se practicaban “viajes controlados” bajo supervisión médica.

El caso tomó notoriedad pública tras la viralización de un audio en redes sociales que mencionaba a profesionales de varios hospitales porteños participando en estos encuentros. Si bien este audio no forma parte formal de la causa, la Justicia investiga si existió una red de consumo recreativo y posible comercialización de anestésicos.

En el marco de la investigación, la Policía de la Ciudad realizó allanamientos en domicilios vinculados a los imputados y en la sede de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, secuestrando insumos médicos y documentación relevante. Tanto el Hospital Italiano como la Asociación de Anestesia se presentaron como denunciantes y manifestaron su disposición a colaborar plenamente con la Justicia. “Somos los primeros en querer que esto se aclare”, afirmó Eduardo Gerome, abogado de la Asociación.

El escándalo ha generado preocupación en la comunidad médica y ha puesto en debate los mecanismos de control de medicamentos de uso restringido, así como la ética profesional. Mientras la investigación avanza, el Hospital Italiano revisa sus protocolos internos y la Asociación de Anestesia refuerza sus programas de prevención y detección de consumo problemático entre profesionales. El caso podría sentar un precedente en la regulación y control de sustancias en el ámbito hospitalario argentino.