El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, presentó un reclamo formal al gobernador bonaerense Axel Kicillof por más de $27.000 millones, argumentando que la Ciudad asiste a 2.327 personas en situación de calle con domicilio en la provincia de Buenos Aires. El pedido, respaldado por los ministros porteños Gabriel Mraida y Gustavo Arengo, se fundamenta en el Decreto 373/2025, que asigna a las provincias la responsabilidad de asistir a sus residentes vulnerables.

Según datos oficiales, la Ciudad cuenta con 61 Centros de Inclusión Social que funcionan las 24 horas y atienden a más de 4.600 personas, de las cuales al menos 2.327 provienen de la provincia de Buenos Aires. El costo mensual por persona asistida asciende a $1.163.135, lo que representa un gasto total superior a los $27.000 millones desde la entrada en vigencia del decreto nacional. Las autoridades porteñas sostienen que este gasto, financiado con recursos locales, genera un "ahorro" para la provincia y un "perjuicio" para los residentes de la Ciudad, ya que esos fondos podrían destinarse a otras áreas prioritarias.

Desde la provincia de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, defendió la gestión de Kicillof y responsabilizó al gobierno nacional por la crisis social y financiera. "A pesar de los recursos que nos robó Milei y la caída de la recaudación, hacemos enormes esfuerzos para proteger a los bonaerenses", afirmó Larroque, quien también destacó que la provincia duplicó la cantidad de Centros de Integración Social en los últimos dos años.

El conflicto pone de manifiesto la dificultad de coordinar políticas sociales en el área metropolitana, donde las fronteras administrativas no siempre coinciden con la dinámica real de la exclusión social. Mientras tanto, ambas jurisdicciones esperan una respuesta formal del Ministerio de Economía bonaerense ante la exigencia de transferencia inmediata de recursos planteada por la administración porteña. El trasfondo político e institucional del reclamo revela una tensión estructural sobre quién debe asumir la responsabilidad de la pobreza en un territorio compartido pero fragmentado en términos de gestión estatal.