La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cuestionar públicamente las condiciones impuestas por la Justicia en el marco de su prisión domiciliaria, tras la reciente decisión del Tribunal Oral Federal 2 de restringir las visitas a su domicilio. Según la resolución, solo familiares directos, abogados y médicos pueden ingresar sin autorización judicial, mientras que cualquier otra visita requiere un trámite previo ante el tribunal.

La medida generó una fuerte reacción en el entorno de Kirchner y en el ámbito político. El diputado Leopoldo Moreau, de Unión por la Patria, advirtió que estas restricciones no tienen precedentes en el tratamiento de personas bajo arresto domiciliario y denunció un intento de “aislar” a la exmandataria. “Parece que el Partido Judicial quiere instalar una Dictadura de los Jueces”, expresó Moreau, quien también anticipó que, de persistir la situación, recurrirán a organismos internacionales para denunciar lo que consideran una violación de derechos parlamentarios y un conflicto de poderes.

La defensa de Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentó un recurso ante el tribunal, citando fallos de la Corte Suprema y tratados internacionales que garantizan los derechos de las personas privadas de libertad, especialmente en el caso de adultos mayores. Argumentan que las restricciones impuestas exceden lo dispuesto en la sentencia y vulneran derechos civiles y políticos.

El uso del balcón de su departamento en el barrio de Constitución se transformó en un símbolo político. Tras una aclaración del tribunal, Kirchner fue autorizada a utilizarlo siempre que no altere la convivencia vecinal. Sin embargo, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, reforzó el vallado del edificio y desplazó manifestaciones de apoyo al Parque Lezama, buscando evitar incidentes y reducir la exposición pública de la exmandataria.

En paralelo, se modificó el esquema de custodia: el Servicio Penitenciario Federal asumió el control del monitoreo electrónico, desplazando a la custodia presidencial habitual. Esta situación reavivó el debate sobre la igualdad ante la ley, ya que otros detenidos mayores de 70 años no siempre acceden a los mismos beneficios que la expresidenta.

El caso de Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad, sigue generando repercusiones políticas, jurídicas y sociales, y plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes y la vigencia de las garantías constitucionales en la Argentina contemporánea.