La reciente excarcelación de Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, reavivó el debate sobre la judicialización de la protesta política en Argentina. Abaigar había sido detenida junto a otros militantes por su presunta participación en el ataque con estiércol a la vivienda del diputado José Luis Espert, un hecho que generó amplia repercusión mediática y política.

Según el relato de la propia Abaigar, su detención se produjo tras un allanamiento en su domicilio, donde la policía incautó objetos personales y materiales vinculados a su militancia. "Fue un calvario", describió la funcionaria, quien denunció condiciones de detención deficientes y un trato mediático desproporcionado. "Lo que viví estos días fue absolutamente desmedido. Y el costo que tuvo atravesar todo eso, porque lo pasé con mi cuerpo, con mi psiquismo", afirmó en declaraciones a medios radiales.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado había dispuesto su prisión preventiva, pero la Cámara Federal de San Martín revocó la medida, argumentando que no existían riesgos procesales concretos. No obstante, Abaigar permanece bajo arresto domiciliario y debe cumplir con una caución de 30 millones de pesos, medida que su defensa apeló.

El caso se inscribe en un contexto de alta polarización política, donde la utilización de recursos judiciales y policiales en causas con trasfondo político es objeto de controversia. Organizaciones de derechos humanos y sectores oficialistas denunciaron una "criminalización de la militancia" y reclamaron la liberación de los detenidos, entre ellos Eva Mieri, quien continúa en prisión preventiva.

La investigación judicial se apoya en pruebas digitales y testimonios que buscan determinar el grado de participación de los implicados. Mientras tanto, la causa sigue abierta y el debate sobre los límites entre protesta política y delito continúa vigente en la agenda pública argentina.