El juez Ernesto García Maañón, presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, enfrenta una grave denuncia por acoso sexual y abuso de poder presentada por su secretaria, G.B.S. La denuncia, formalizada a principios de julio, se amplió recientemente con la incorporación de chats y audios que comprometen al magistrado y evidencian una conducta persistente e inapropiada.

Según la documentación presentada, los mensajes de WhatsApp enviados por García Maañón incluían comentarios sobre el aspecto físico de la secretaria, sugerencias sobre su vestimenta y propuestas de encuentros fuera del ámbito laboral. "Los pantalones te quedan muy bien. Hoy lo comprobé", se lee en uno de los mensajes, mientras que en otros el juez insistía en invitarla a cenar y hacía referencias a la "pasión" y "deseo". La denunciante respondió inicialmente de manera cordial, pero luego expresó su rechazo de forma clara y contundente: "NO ESTOY DISPONIBLE EMOCIONAL NI FÍSICAMENTE".

El trato del magistrado cambió tras el rechazo de la secretaria, incluyendo episodios de maltrato verbal y situaciones intimidantes en el despacho. En la ampliación de la denuncia, G.B.S. relató que el juez llegó a ofrecerle ayuda para adquirir un arma tras episodios de vigilancia en su domicilio. Además, la denuncia detalla un incidente en el que García Maañón manipuló un arma en presencia de la denunciante, generando temor y angustia.

La renuncia del juez fue presentada a fines de julio, pero aún está pendiente de aceptación por parte del gobernador Axel Kicillof. Menos de 24 horas después de la denuncia original, la Suprema Corte de Justicia bonaerense inició un sumario administrativo y la Procuración General dio intervención a la Fiscalía General de San Isidro, a cargo de John Broyad. La causa penal está actualmente bajo la dirección del fiscal José Amallo, mientras la denunciante permanece bajo atención médica y psiquiátrica.

El caso ha generado un fuerte impacto en el Poder Judicial bonaerense, que ya venía golpeado por otros escándalos recientes. El abogado de la denunciante, Juan Saucedo, calificó el episodio como un claro ejercicio abusivo de poder y solicitó el jury y la expulsión del magistrado. El proceso judicial y administrativo continúa, mientras se espera la declaración de la víctima y la resolución sobre la renuncia del juez. El caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y transparencia en el ámbito judicial argentino.