El conflicto por el financiamiento universitario en Argentina se intensifica con la profundización de las medidas de fuerza por parte de gremios docentes y no docentes. Tras una semana de paro que marcó el inicio del cuatrimestre, las organizaciones sindicales han anunciado nuevas jornadas de huelga y actividades de protesta para abril, en reclamo de la recomposición salarial y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y otros gremios confirmaron paros nacionales para el 31 de marzo, el 1 de abril y dos semanas durante el mes, además de evaluar la realización de una Marcha Federal universitaria. En paralelo, se desarrollan actividades de visibilización como clases públicas y "semaforazos" en ciudades como Bahía Blanca, donde docentes, no docentes y estudiantes buscan informar a la sociedad sobre la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades.

El principal reclamo de los gremios es la pérdida salarial acumulada, que según distintas fuentes ronda entre el 40% y el 56% en los últimos dos años. La situación ha llevado a que más de mil docentes de la Universidad Tecnológica Nacional hayan dejado de enseñar, ya sea por renuncia o licencia sin goce de sueldo. Además, el presupuesto universitario real cayó entre un 28% y un 45% desde 2023, afectando tanto a salarios como a becas y gastos de funcionamiento.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y luego vetada por el Ejecutivo, fue ratificada por el Congreso, pero su aplicación sigue suspendida y judicializada. El Gobierno presentó un proyecto alternativo que limita la actualización salarial y presupuestaria, lo que ha generado el rechazo de los gremios y autoridades universitarias. "El plan de este gobierno es claro y apunta a terminar con el sistema de educación pública", advirtió Ezequiel Valicenti, decano de la Facultad de Derecho de la UNICEN.

El conflicto ha escalado a instancias judiciales, con medidas cautelares que ordenan al Gobierno cumplir con la ley, aunque estas han sido apeladas. Mientras tanto, el impacto de la crisis afecta a toda la comunidad universitaria, incluidos los estudiantes, quienes ven peligrar la continuidad de sus estudios y becas. El 80% de los estudiantes universitarios argentinos asisten a universidades públicas, lo que subraya la magnitud del problema y la preocupación por el futuro de la educación superior en el país.