La búsqueda de Alberto Martín Del Valle, acusado de abusar sexualmente y embarazar a su hijastra de 11 años en Puán, provincia de Buenos Aires, continúa sin resultados tras 14 años de fuga. El caso, que conmocionó a la comunidad, volvió a cobrar relevancia por el impulso de Yamila Segovia, hermana de la víctima y abogada, quien lidera una campaña para lograr su captura y evitar la prescripción del delito.

Según la investigación judicial, los hechos ocurrieron en 2009, cuando la menor fue sometida a reiterados abusos bajo amenazas de muerte. El caso salió a la luz tras descubrirse el embarazo de la niña, y la prueba de ADN confirmó que Del Valle era el padre biológico del bebé. Además, se incorporaron al expediente testimonios y el secuestro de un arma utilizada para intimidar a la víctima.

A pesar de la contundencia de las pruebas, la causa permaneció paralizada durante años. Solo tras la intervención de Segovia, quien estudió Derecho para impulsar el expediente, se reactivaron las medidas de búsqueda. "La justicia se relajó en un simple pedido de captura y esperó que esta persona se presente", denunció la abogada en declaraciones a medios locales.

Del Valle, de 56 años, habría utilizado identidades falsas como Martín Morales o Martín Lezcano y apodos como "Java" o "Jabalí" para evadir a la justicia. Se sospecha que residió en Mar de Ajó y en otras localidades bonaerenses, donde habría trabajado en espacios con niños, lo que incrementa la preocupación de la familia y las autoridades.

El caso reabrió el debate sobre la prescripción penal en delitos graves. El expediente fue elevado a la Cámara de Diputados para analizar una posible reforma del artículo 67 del Código Penal, que actualmente no contempla la fuga como causal de interrupción de la prescripción. "No puede ser que los violadores usen este hueco de la ley", advirtió Segovia.

Mientras tanto, la familia y las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para aportar información sobre el paradero del acusado. Se evalúa ofrecer una recompensa y se difunden datos del caso en redes sociales. El desenlace del proceso judicial podría sentar un precedente clave en la lucha contra la impunidad en casos de abuso infantil.