La investigación por la tragedia del fentanilo contaminado en Argentina ha puesto en evidencia graves deficiencias en el sistema de control sanitario, con consecuencias fatales para decenas de pacientes. Al menos 96 muertes han sido confirmadas y más de 120 casos permanecen bajo análisis, mientras la Justicia avanza sobre laboratorios, organismos de control y funcionarios responsables.

El laboratorio Ramallo S.A., encargado de la elaboración del lote 31202 de fentanilo para HLB Pharma, fue notificado el 28 de noviembre de 2024 de que no cumplía con las Buenas Prácticas de Fabricación. Sin embargo, el 18 de diciembre de ese año, la planta produjo el lote que resultó contaminado y fue distribuido a hospitales de varias provincias. Los controles estatales, a cargo de la ANMAT y el INAME, resultaron insuficientes: hubo demoras en la inhibición de la producción, documentación incompleta y fallas en la trazabilidad de las ampollas.

El escándalo derivó en allanamientos a las sedes de los organismos de control y domicilios de siete funcionarios y exfuncionarios, entre ellos la titular de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y la exresponsable del INAME, Gabriela Mantecón Fumadó. Se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación para determinar si existió negligencia, connivencia o complicidad en la falta de controles que podrían haber evitado la tragedia.

Las inspecciones judiciales revelaron condiciones alarmantes en la planta de Ramallo: medicamentos y productos químicos expuestos al sol, residuos peligrosos y falta de identificación de lotes. El Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires constató riesgo sanitario y ambiental en el predio.

Mientras tanto, familiares de las víctimas reclaman la conformación de una comisión investigadora en el Congreso, proceso demorado por disputas políticas. Muchos allegados aún desconocen que la muerte de sus seres queridos está bajo investigación, lo que agrava el dolor y la incertidumbre.

La causa, que ya cuenta con 17 imputados y 7 detenidos, sigue sumando pruebas y testimonios. La Justicia y el Ministerio Público Fiscal remarcan la gravedad de las omisiones estatales y advierten que las consecuencias de la negligencia aún no han sido totalmente dimensionadas. El caso podría derivar en nuevas imputaciones y reformas en los mecanismos de control sanitario en el país.