Gremios docentes y no docentes universitarios de Argentina llevaron adelante un paro nacional de 72 horas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la mejora de los salarios, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo y ajuste presupuestario. La medida, que incluyó clases públicas, manifestaciones y volanteadas en distintas ciudades, se suma a una nueva convocatoria de paro de 24 horas anunciada por los trabajadores no docentes para el próximo 19 de noviembre, junto con acciones judiciales para exigir el cumplimiento de la normativa sancionada por el Congreso.

El conflicto se originó tras la aprobación y posterior ratificación de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece mecanismos de actualización progresiva de los recursos para las universidades nacionales. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió no implementarla, argumentando que la ley no define claramente la fuente de los fondos, lo que generó un fuerte rechazo de los rectores, gremios y sectores opositores. El Consejo Interuniversitario Nacional reclama una asignación de 7,2 billones de pesos para cubrir gastos de funcionamiento y recomposición salarial, mientras que el Presupuesto 2026 presentado por el Ejecutivo contempla 4,8 billones, cifra considerada insuficiente por los actores universitarios.

Según un informe de la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 fue del 240,9%, mientras que los aumentos salariales para los docentes alcanzaron solo el 136,8%, lo que representa una pérdida cercana al 44% en el poder adquisitivo. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificó la postura oficial de otorgar incrementos salariales de manera unilateral y sin paritarias, y defendió que "todas las universidades recibieron el financiamiento al 100% de todas las actividades que venían desarrollando". Sin embargo, diputados opositores y representantes gremiales refutaron estas afirmaciones y señalaron que el presupuesto oficialista elimina los pisos mínimos de inversión en educación y ciencia establecidos por leyes anteriores.

El ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio Aráoz, advirtió sobre las consecuencias del desfinanciamiento universitario, señalando que "atacar a la ciencia y la tecnología es atentar contra todos aquellos factores que hacen a la competitividad de la economía argentina". Además, destacó que la crisis afecta no solo los salarios, sino también la investigación, las becas estudiantiles y el funcionamiento general de las universidades. El conflicto, que recuerda situaciones similares vividas en gestiones anteriores, se mantiene vigente y podría profundizarse si no se logra un acuerdo entre el Gobierno y los sectores universitarios. La comunidad educativa insiste en la necesidad de aplicar la ley y garantizar los recursos para sostener el sistema universitario público.