En una sesión maratónica que se extendió hasta la mañana del viernes, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social local, un paso clave hacia la autonomía porteña en materia de gestión penitenciaria. La nueva ley, que contó con el respaldo de los principales bloques políticos, establece la conformación de un organismo civil y especializado bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Ciudad, que asumirá la custodia y tratamiento de las personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios porteños.

El flamante sistema reemplazará al Servicio Penitenciario Federal para los detenidos cuyas causas tramitan en la justicia local, lo que impactará directamente en la situación de más de 2.000 presos actualmente alojados en comisarías y alcaidías de la ciudad. La estructura del nuevo organismo contempla dos cuerpos diferenciados: los Agentes de Seguridad Penitenciaria, encargados de la custodia y seguridad, y los Agentes de Reintegración Social, integrados por profesionales y técnicos dedicados al tratamiento progresivo, la educación, la salud mental y la reinserción de los internos.

Uno de los aspectos más innovadores de la ley es la incorporación del "Plan de Vida", un programa de compromisos y objetivos acordados con los detenidos para facilitar su reinserción social, con acceso a educación, salud y capacitación laboral. Además, se crean órganos de control y transparencia, así como una Defensoría del Personal para la protección de los derechos humanos de los trabajadores del sistema.

El proyecto fue fruto de meses de debate y negociación entre los distintos bloques legislativos, que debieron superar diferencias sobre la denominación y el enfoque de la agencia. Finalmente, el consenso permitió la aprobación de una de las normativas más modernas del continente, según destacaron sus impulsores.

La sanción de la ley se da en el marco de la transferencia de competencias penales desde la Nación hacia la Ciudad, un proceso que incluye el traspaso de fondos, personal y parte de los penales de Ezeiza y Marcos Paz. El objetivo es aliviar la sobrepoblación y las fugas en comisarías porteñas, un problema que generó tensiones entre el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "El traspaso se está trabajando y es absolutamente necesario, porque la ciudad se tiene que hacer cargo de sus detenidos, como se hace cargo cada uno de los distritos del país", afirmó Bullrich tras la votación.

Con la aprobación de esta ley, la Ciudad de Buenos Aires avanza en la consolidación de su autonomía y en la modernización de su sistema penitenciario, con la expectativa de mejorar la seguridad, la reinserción y las condiciones de detención en el ámbito local.