Una boda celebrada en la Quebrada de las Conchas, en Cafayate, Salta, ha desencadenado una investigación judicial y un intenso debate público sobre la preservación de áreas protegidas. El evento, realizado el 23 de marzo en el paraje La Punilla, fue ampliamente difundido en redes sociales, mostrando una celebración de alto perfil en un entorno natural emblemático.

La polémica surgió cuando las autoridades provinciales y municipales detectaron que el permiso presentado por los organizadores para utilizar el área protegida sería apócrifo. El secretario de Ambiente de Salta, Alejandro Aldazábal, denunció que su firma fue falsificada en el documento: “No autoricé nada, ese documento es falso”, declaró. La Fiscalía Penal de Cafayate, a cargo de Sandra Rojas, inició una investigación por presunta falsificación de instrumento público y posible delito ambiental. En paralelo, la Unidad Fiscal Contravencional intervino por la posible realización del evento sin la autorización administrativa exigida.

La intendenta de Cafayate, Rita Guevara, afirmó que la Municipalidad no otorgó ningún permiso y que la denuncia fue radicada antes de la boda, cuando se detectó el armado del evento. “Como Intendenta tengo la obligación de hacer la denuncia penal al evento porque no sabíamos quiénes eran”, explicó. Las normativas provinciales exigen evaluaciones de impacto ambiental y autorizaciones formales para cualquier actividad en la Quebrada de las Conchas, protegida por la Ley Provincial 6806.

Desde el entorno del evento, Lucía Grajales Soriano, quien se identificó como propietaria del predio, defendió la legalidad de la boda y aseguró que contaban con los permisos necesarios. Sin embargo, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable provincial ratificó que la autorización presentada era falsa y que no fue emitida por el organismo competente.

El caso ha generado preocupación en la comunidad local y reavivó el debate sobre el uso de áreas protegidas para eventos privados, así como la necesidad de fortalecer los controles estatales para preservar el patrimonio natural. La investigación judicial continúa y podría derivar en consecuencias penales para los responsables, mientras el tema sigue generando repercusión nacional.