La investigación sobre el fentanilo contaminado en Argentina ha sacudido al sistema sanitario y político nacional. El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, expuso ante la Comisión Investigadora del Congreso los detalles de una tragedia que ya se considera la peor crisis sanitaria del país: al menos 173 muertes estarían vinculadas al uso de ampollas de fentanilo adulterado, distribuidas por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.

Durante su presentación, Kreplak detalló que más de 154.000 ampollas contaminadas circularon en hospitales y centros de salud de todo el país. El brote inicial se detectó en el Hospital Italiano de La Plata, donde 13 de 15 pacientes tratados con el medicamento fallecieron. "Esto no debería haber ocurrido", afirmó el magistrado, quien también reveló que el Estado carece de capacidad de monitoreo en tiempo real y depende de los autocontroles de los laboratorios, lo que permitió que las fallas persistieran durante años.

La investigación judicial, que acumula 31 cuerpos en el expediente principal, ha procesado a 14 personas, incluyendo directivos y responsables de la producción y control de calidad de los laboratorios implicados. Seis de ellos permanecen detenidos. Kreplak destacó que entre 2018 y 2024 hubo 118 reportes de desvíos de calidad y efectos adversos, pero nunca se intervino de manera efectiva sobre los laboratorios.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso de los productos involucrados, aunque la trazabilidad y el retiro de las ampollas resultaron insuficientes. El magistrado subrayó la importancia de establecer mecanismos de control más rigurosos y digitalizados, así como sanciones efectivas para quienes incumplan la notificación de eventos adversos.

En paralelo, los familiares de las víctimas han mantenido la presión pública con marchas y reclamos de justicia. "Esto tiene que tener un efecto reparador, quizás no en términos económicos, sino en términos humanos", expresó el diputado Eduardo Toniolli, miembro de la comisión investigadora. Los legisladores de todos los bloques coincidieron en la necesidad de modificar las leyes de trazabilidad y atención a las víctimas para evitar que tragedias similares se repitan.

Se espera que antes de la feria judicial de diciembre se conozca la cifra final de víctimas fatales y no fatales, y que el informe definitivo de la comisión legislativa impulse reformas urgentes en el sistema de control de medicamentos. El caso ha puesto en evidencia la fragilidad de los controles estatales y la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones públicas.