El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, anunció la aplicación de una alícuota del 9% de Ingresos Brutos a los bancos que realicen operaciones con bonos emitidos por el Gobierno nacional. Esta decisión, que elimina la exención vigente para estos instrumentos, fue incluida en el proyecto de Código Tributario enviado a la legislatura bonaerense y se espera que sea tratada junto con el Presupuesto 2026 y la autorización para tomar nueva deuda.

La medida excluye de la exención a las entidades financieras en operaciones con títulos nacionales, pero mantiene el beneficio para los títulos emitidos por la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones provinciales. Según fuentes del sector financiero, esta modificación podría incrementar entre un 30% y un 40% los pagos de Ingresos Brutos de los bancos al fisco bonaerense, considerando que la provincia representa aproximadamente un tercio de la carga total de este impuesto para los grandes bancos del país.

El oficialismo bonaerense sostiene que la iniciativa es clave para fortalecer la recaudación provincial en un contexto de negociaciones parlamentarias intensas. Para la aprobación de la ley impositiva se requiere mayoría simple, mientras que para la autorización de financiamiento se necesitan dos tercios de los legisladores presentes.

La decisión ha generado críticas desde la oposición y el sector empresarial. Matías Ranzini, titular del bloque bonaerense de PRO, expresó su rechazo en redes sociales, argumentando que la medida encarecerá el financiamiento del sector privado y afectará a quienes buscan invertir. Por su parte, entidades empresarias como ADIBA, CEPBA, FEBA y UIPBA han reclamado la actualización de la base no imponible de Ingresos Brutos y la revisión de alícuotas para sectores como papel, cartón e industria cervecera, señalando que la presión fiscal afecta la competitividad y sustentabilidad de las pymes.

El contexto de la medida se da en medio de una discusión más amplia sobre la carga fiscal en la provincia y la necesidad de equilibrar la recaudación con el estímulo a la actividad productiva. El sector financiero advierte que el aumento de impuestos podría trasladarse a los costos de crédito para familias y empresas, mientras que el gobierno provincial defiende la medida como una herramienta necesaria para sostener las finanzas públicas. El debate parlamentario y las reacciones de los distintos actores anticipan un escenario de tensión en torno a la política fiscal bonaerense.