La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) implementará, a partir del 1° de octubre, un nuevo régimen de retención de Ingresos Brutos sobre las transferencias recibidas en billeteras virtuales. La medida, establecida por la Resolución Nº 25 de ARBA, busca equiparar el tratamiento fiscal de las billeteras digitales con el de los bancos tradicionales, extendiendo un sistema que ya rige en 19 provincias argentinas.

Según informaron fuentes oficiales, la retención solo afectará a los 700.000 contribuyentes bonaerenses inscriptos en el régimen general de Ingresos Brutos, mientras que los 1,3 millones de monotributistas adheridos al régimen simplificado no serán alcanzados. El porcentaje de retención varía entre el 0,01% y el 5%, dependiendo de la actividad económica del contribuyente. "No es un impuesto nuevo, sino una equiparación de criterios para garantizar equidad", explicó el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, quien desmintió versiones sobre la creación de un nuevo tributo.

El sistema se implementará de manera escalonada: desde octubre para billeteras adheridas al Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA), como Mercado Pago, Ualá y Modo, y desde noviembre para el resto. Existen excepciones, como transferencias entre cuentas propias, cobro de planes sociales, indemnizaciones y otros casos específicos.

Especialistas en tributación advierten que el sistema puede generar saldos a favor difíciles de recuperar, lo que representa un costo financiero para los contribuyentes. "En general se generan saldos a favor muy grandes que quedan inmovilizados y son prácticamente irrecuperables", señaló el contador Sebastián Domínguez. Comerciantes y autónomos expresaron preocupación por el posible traslado de estos costos a los precios y el incentivo a la informalidad.

Desde ARBA, en tanto, insisten en que la medida busca ordenar el sistema y evitar desigualdades entre quienes operan con bancos y quienes utilizan billeteras virtuales. El debate continúa entre la necesidad de equidad fiscal y el impacto operativo y financiero para los contribuyentes alcanzados.