La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrenta nuevas restricciones en su régimen de prisión domiciliaria y el decomiso de bienes, tras una decisión del juez Jorge Gorini. La medida, que también afecta a sus hijos, ha sido apelada por las defensas, quienes argumentan que no existen pruebas suficientes que vinculen los bienes incautados con delitos y citan antecedentes legales que rechazan decomisos sin acreditación del origen ilícito.

El juez Gorini fundamentó las restricciones en supuestas irregularidades durante reuniones autorizadas en el domicilio de CFK, aunque no citó leyes específicas para justificar la sanción. Además, el decomiso de bienes se basa en la presunción de que estos provienen de actividades ilícitas, una relación que la defensa niega y considera no probada en el expediente.

La situación ha generado un fuerte debate en el ámbito político y mediático. Cristina Fernández de Kirchner denunció en redes sociales que el trasfondo de las medidas en su contra es su propuesta de un modelo económico alternativo al del actual gobierno, y no cuestiones judiciales. "No es la foto… es la Economía estúpido", expresó, señalando que el verdadero motivo de los ataques es su visión sobre el desarrollo productivo y federal del país.

El caso se produce en un contexto de creciente desconfianza hacia el sistema judicial argentino, acusado de parcialidad y de responder a presiones políticas y mediáticas. La polarización política y la delicada situación económica, marcada por la deuda externa y la inestabilidad, agravan el clima de confrontación.

Mientras tanto, sectores opositores y parte de la prensa insisten en la necesidad de avanzar con las causas judiciales contra la ex presidenta, mientras sus defensores denuncian una persecución política y mediática. El desenlace de este proceso podría tener implicancias significativas para el futuro político y judicial de la Argentina.