La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado firme la condena unificada de 15 años de prisión para Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru, consolidando dos sentencias previas dictadas en Jujuy por delitos de amenazas, asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. Este fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó un recurso extraordinario presentado por la defensa de Sala.

La primera de las causas, iniciada en 2014, involucró amenazas telefónicas realizadas por Sala a policías en Jujuy. En una de las llamadas, la dirigente advirtió: "Son una manga de maricones, van a tener noticias porque voy a poner una bomba y voy a hacer volar a todos". Por estos hechos, fue condenada inicialmente a dos años de prisión.

La segunda causa, conocida como "Pibes Villeros", se centró en el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales entre 2013 y 2015. Según las investigaciones, Sala lideró una asociación ilícita que utilizó amenazas e intimidaciones para apropiarse de estos recursos. En 2019, fue condenada a 13 años de prisión por estos delitos.

En febrero de 2023, el Tribunal Oral Criminal N°3 de Jujuy unificó ambas penas en una condena única de 15 años, argumentando la "alta relevancia y sensibilidad para la sociedad" de los hechos. La defensa de Sala cuestionó esta decisión, alegando que violaba principios de resocialización y humanidad de las penas, pero sus planteos fueron rechazados en todas las instancias judiciales.

Además, Sala enfrenta la "Megacausa", una investigación por el desvío millonario de fondos públicos que involucra a otros funcionarios, como el exgobernador Eduardo Fellner y el exsecretario de Obras Públicas José López. En este caso, la Corte Suprema ordenó que la Cámara Federal de Casación Penal vuelva a pronunciarse sobre la jurisdicción del expediente.

Milagro Sala, quien cumple prisión domiciliaria desde hace 9 años por razones de salud, es una figura controvertida en la política argentina. Mientras algunos sectores la consideran una víctima de persecución política, otros la ven como responsable de actos de corrupción que afectaron gravemente a la provincia de Jujuy. Este fallo de la Corte Suprema refuerza las condenas previas y marca un hito en el sistema judicial argentino, al consolidar una pena ejemplar para delitos de corrupción y violencia.