En un contexto de alta inflación y tensiones laborales, el acuerdo paritario de los empleados de comercio ha generado un conflicto entre el Gobierno, el gremio y las cámaras empresariales. El convenio, que establece un aumento salarial del 5,4% trimestral, ha sido rechazado por el Ministerio de Economía, que busca limitar los incrementos al 1% mensual para controlar la inflación.

El sindicato FAECYS, liderado por Armando Cavalieri, ratificó la vigencia del acuerdo y aseguró que los aumentos serán pagados, incluso sin homologación oficial, gracias a una cláusula específica en el convenio. Sin embargo, supermercados y mayoristas, que representan una parte significativa del sector, se han negado a cumplir con los pagos, argumentando que el acuerdo es inflacionario y podría trasladarse a los precios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ha convocado a reuniones para renegociar los términos del acuerdo, pero el sindicato se negó a participar, endureciendo su postura. "Este acuerdo fue alcanzado a través del diálogo responsable entre partes legítimas y tiene plena validez", afirmó Cavalieri, quien también criticó la política gubernamental de limitar los aumentos salariales.

El conflicto afecta a 1,2 millones de trabajadores registrados en el sector comercio y ha generado divisiones dentro del ámbito empresarial. Mientras algunas cámaras aceptaron el acuerdo, otras, como la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), lo consideran insostenible y han decidido no aplicarlo.

El Gobierno de Javier Milei enfrenta un desafío significativo en su intento de controlar la inflación sin afectar el poder adquisitivo de los trabajadores. Este conflicto podría convertirse en un caso testigo para futuras negociaciones salariales, marcando un punto crítico en la relación entre el Ejecutivo y los sindicatos.

A medida que las tensiones aumentan, el gremio ha advertido sobre posibles medidas de fuerza si no se cumple con lo pactado. Por su parte, el Gobierno insiste en que los aumentos deben alinearse con la pauta inflacionaria para evitar un impacto negativo en la economía. La resolución de este conflicto será clave para definir el rumbo de las relaciones laborales y económicas en el país.