El Gobierno nacional transfirió $12.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias de Chaco, Santa Fe, Misiones y Entre Ríos, en un contexto de alta tensión política y legislativa. La decisión, efectivizada el viernes, se produce tras el veto presidencial de Javier Milei a la ley que buscaba coparticipar automáticamente estos fondos entre todas las provincias, una iniciativa que había sido impulsada por los 24 gobernadores y aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras.

Los fondos distribuidos responden a distintas emergencias: Chaco recibió $2.500 millones por emergencia agropecuaria; Entre Ríos, $3.000 millones por desequilibrio financiero; Misiones, $4.000 millones por emergencia hídrica; y Santa Fe, $3.000 millones por emergencia climática. Este reparto selectivo generó malestar en otras provincias, como Mendoza, cuyos representantes expresaron públicamente su descontento por quedar fuera de la asignación de recursos, a pesar de haber acompañado al oficialismo en votaciones recientes.

La transferencia de ATN ocurre en la antesala de una semana clave en el Congreso, donde se debatirán los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría, ambas aprobadas previamente por mayoría y con respaldo opositor. El oficialismo, consciente de la dificultad para sostener sus vetos, intensificó las negociaciones con gobernadores aliados, buscando asegurar apoyos legislativos. Sin embargo, la alineación de los diputados provinciales beneficiados por los ATN permanece incierta, especialmente en Santa Fe y Misiones, donde las fracturas internas podrían definir el resultado de las votaciones.

En paralelo, la oposición en el Senado prepara una sesión para rechazar el veto a la ley de ATN, lo que podría significar una nueva derrota para el Gobierno. Para revertir el veto, se requiere una mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras, un desafío considerable dado el actual clima de desconfianza entre las provincias y el Poder Ejecutivo.

El reparto de ATN es interpretado por diversos actores como un gesto político destinado a recomponer alianzas y evitar nuevas derrotas legislativas, especialmente tras la reciente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, la comunidad universitaria y los gremios de la salud anuncian movilizaciones en defensa de las leyes vetadas, incrementando la presión sobre el Congreso y el Ejecutivo.

Fuentes oficiales admiten que el escenario parlamentario es complejo y que no cuentan con los votos necesarios para blindar los vetos. "Está difícil", reconocen desde Presidencia, aunque mantienen la esperanza de revertir la situación mediante negociaciones de último momento. El desenlace de esta pulseada política tendrá implicancias directas en la relación entre el Gobierno nacional y las provincias, así como en la distribución de recursos y la gobernabilidad en el corto plazo.