La Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires ha solicitado al Gobierno un informe urgente sobre el costo y la logística de reimprimir millones de boletas electorales, tras la renuncia de José Luis Espert como candidato de La Libertad Avanza (LLA). El pedido surge luego de que la alianza libertaria propusiera a Diego Santilli como reemplazante y exigiera que las nuevas boletas reflejen este cambio, en medio de un escándalo por presuntos vínculos de Espert con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico.

El juez federal Alejo Ramos Padilla recibió la notificación de la renuncia y dividió el planteo entre la fiscal electoral y la Junta Electoral, que ahora debe decidir si autoriza la reimpresión. El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, debe informar antes de la audiencia convocada para mañana sobre el costo estimado, la logística, las imprentas involucradas y si existen partidas presupuestarias habilitadas para afrontar el gasto, que podría ascender a entre 15.000 y 18.000 millones de pesos.

La oposición ha manifestado su rechazo tanto al reemplazo de Espert por Santilli como a la reimpresión de boletas, argumentando que el gasto es excesivo y que la Ley de Paridad de Género exige que el reemplazo sea por una mujer, en este caso Karen Reichart, quien sigue en la lista. Sin embargo, LLA sostiene que la reimpresión es necesaria para garantizar la transparencia y evitar confusión entre los votantes.

El proceso enfrenta dificultades logísticas y legales, ya que el tiempo disponible para la reimpresión es limitado y podría no ser suficiente para distribuir las boletas antes de las elecciones del 26 de octubre. Además, se anticipan apelaciones judiciales que podrían retrasar aún más la decisión.

En paralelo, el presidente Javier Milei ha respaldado públicamente a Santilli, destacando su experiencia en seguridad y su rol en la campaña electoral. El debate sobre el uso de fondos públicos para la reimpresión se da en un contexto de recortes presupuestarios en otras áreas sensibles, lo que ha generado críticas adicionales.

La resolución final dependerá de la Junta Electoral y de las eventuales apelaciones, en un escenario marcado por la urgencia, la controversia política y la presión de los distintos actores involucrados.