La crisis económica que afecta a los municipios de la provincia de Buenos Aires ha llevado a los intendentes de Saavedra y Guaminí a implementar medidas de austeridad para enfrentar déficits financieros. En Saavedra, el intendente Matías Nebot anunció un recorte salarial del 13% que afectará tanto a funcionarios como a trabajadores municipales. La medida, aprobada en asamblea, se aplicará en dos tramos durante mayo y junio. Nebot explicó que esta decisión busca evitar el impago de sueldos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

El jefe comunal señaló que el municipio arrastra un déficit desde 2019, agravado por la caída en la coparticipación y la recaudación local. "Sabemos que es una decisión difícil, pero necesaria para evitar un mal mayor", afirmó. Además, destacó que otros municipios de la región enfrentan problemas similares, lo que refleja una crisis más amplia en la provincia.

En Guaminí, el intendente José Nobre Ferreira también adoptó medidas de ajuste, incluyendo el congelamiento de salarios de funcionarios y la reducción al mínimo de las horas extras. La situación en este distrito se ha visto agravada por una emergencia hídrica que ha generado gastos extraordinarios en la reparación de puentes y caminos rurales. "Nos vemos obligados a tomar decisiones difíciles para garantizar los servicios esenciales con menos recursos", declaró Nobre Ferreira.

Ambos municipios han solicitado asistencia financiera al gobierno provincial para paliar la crisis. En Saavedra, se espera un desembolso de 200 millones de pesos, mientras que en Guaminí se han solicitado fondos adicionales para enfrentar la emergencia hídrica.

La situación económica en la provincia de Buenos Aires refleja un deterioro sostenido en las cuentas públicas, con una caída del 19,4% en la coparticipación federal durante el primer trimestre de 2025. Este contexto ha llevado a varios municipios a declarar emergencias económicas y adoptar medidas de austeridad. Expertos advierten que más distritos podrían enfrentar situaciones similares en los próximos meses, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera de los gobiernos locales.