Jonathan Luna, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Micaela Ortega en 2016, volvió a ser noticia tras contactar a la madre de la víctima desde la cárcel. El hecho ocurrió el 6 de agosto de 2025, cuando Luna, desde la Unidad Penal N°32 de Florencio Varela, envió mensajes por Facebook a Mónica Cid, madre de Micaela, pidiéndole perdón y asegurando que "está pagando su error". La comunicación generó una profunda indignación en la familia y la comunidad de Bahía Blanca, donde ocurrió el crimen.

Mónica Cid hizo público el contacto en sus redes sociales, expresando su dolor y cuestionando la justicia: "Nosotras perpetua, Jonathan Luna más vivo que nunca, maldita Justicia". La abogada de la familia presentó una denuncia y la Justicia dispuso una medida cautelar, prohibiendo cualquier tipo de contacto entre Luna y la familia de la víctima. Además, se requisó la celda del condenado y se incautó el teléfono celular utilizado para enviar los mensajes.

El caso reavivó el debate sobre el acceso de los presos a tecnología, especialmente en delitos cometidos a través de redes sociales. Mónica Cid y otros familiares manifestaron su preocupación por la posibilidad de que Luna continúe contactando a otras personas desde prisión. "Intentó que lo perdone, pero no lo voy a perdonar jamás. Es un psicópata, un engañador serial que ahora intentó engañarme a mí también", declaró la madre de Micaela en entrevistas radiales.

Jonathan Luna fue condenado en 2017 en un juicio histórico, siendo el primer caso en Argentina de grooming seguido de muerte con sentencia a prisión perpetua. El crimen de Micaela, quien tenía 12 años, impulsó la sanción de la Ley 27.590 "Mica Ortega" para prevenir el grooming, reglamentada en 2022. El caso sigue generando repercusiones sociales y legales, con llamados a reforzar los controles sobre el uso de tecnología en cárceles y a proteger a niños y adolescentes de delitos digitales.

La familia de Micaela y la sociedad de Bahía Blanca continúan reclamando justicia y mayor protección, mientras el dolor por la pérdida y la indignación por la situación penitenciaria persisten. El caso pone en evidencia la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en las cárceles y de fortalecer la prevención del grooming y otros delitos digitales en Argentina.