Las auditorías de pensiones no contributivas por discapacidad, llevadas a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), han generado una ola de preocupación entre los beneficiarios en Argentina. Estas revisiones, que buscan identificar irregularidades en el sistema, han sido criticadas por su falta de organización y por las consecuencias sociales que están generando.

En Mendoza, donde se concentran 45.873 beneficiarios, las oficinas de ANDIS han sido escenario de largas filas y sistemas colapsados. Los beneficiarios, muchos de ellos con discapacidades severas, enfrentan dificultades para cumplir con los requisitos debido a la falta de infraestructura adecuada y problemas en la plataforma digital. Según datos oficiales, hasta abril de 2025 se suspendieron 2.004 pensiones, mientras que 146 casos correspondían a beneficiarios fallecidos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que no existe un programa de recorte en el otorgamiento de nuevas pensiones. Sin embargo, el presupuesto 2025 prevé una reducción del 15% en las pensiones proyectadas, lo que representaría una disminución de aproximadamente 177.740 prestaciones. Además, se estima que el recorte podría alcanzar hasta 400.000 pensiones, generando un ahorro de 900 mil millones de pesos para el Estado.

En paralelo, en las provincias de Salta y Jujuy, se investiga una asociación ilícita que habría facilitado miles de pensiones irregulares, con un perjuicio económico monumental. El fiscal federal Carlos Amad señaló que se están identificando a los responsables para proceder con las imputaciones necesarias.

Organizaciones civiles y beneficiarios han denunciado que las auditorías son un ajuste encubierto que vulnera derechos fundamentales. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la ONG ALAPA han presentado recursos legales para frenar el proceso y adecuar los procedimientos a las necesidades de los beneficiarios. Entre las principales críticas se encuentran la falta de notificaciones adecuadas, la ausencia de protocolos de accesibilidad y los plazos insuficientes para cumplir con los requisitos.

El diputado Daniel Arroyo calificó el proceso como "cruel e innecesario" y promueve un proyecto de ley para declarar la emergencia en el área de discapacidad. "No se puede hablar de eficiencia cuando se pone en riesgo la vida y la dignidad de las personas", afirmó.

Por su parte, el Gobierno defiende las auditorías como un mecanismo para garantizar que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan. Sin embargo, las críticas persisten, y el debate sobre la eficiencia del sistema y los derechos de las personas con discapacidad continúa abierto.