El Congreso de la Nación aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, en una sesión que reflejó la nueva correlación de fuerzas políticas en Argentina. La iniciativa, que busca flexibilizar el mercado laboral y modificar el régimen de indemnizaciones, fue sancionada en Diputados con 135 votos a favor y 115 en contra, tras un debate marcado por la polarización y la presión de distintos sectores.

La jornada estuvo precedida por un paro general convocado por la CGT, que tuvo un acatamiento dispar y no incluyó una movilización masiva. Las protestas frente al Congreso, organizadas por sindicatos y movimientos sociales, contaron con una concurrencia significativamente menor que en ocasiones anteriores. El operativo de seguridad fue intenso y, aunque se registraron algunos incidentes aislados, la desconcentración de los manifestantes se realizó de manera mayormente pacífica.

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto, el artículo sobre licencias médicas, fue eliminado tras negociaciones internas y presiones de distintos bloques. La reforma incluye la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cambios en el cálculo de indemnizaciones y la introducción de nuevas modalidades de contratación y jornada laboral. El gobierno logró el respaldo de bloques provinciales y parte del peronismo, consolidando su capacidad de negociación parlamentaria.

El contexto económico y social estuvo marcado por el cierre de la planta de FATE en San Fernando, que dejó 920 trabajadores despedidos y generó fuertes críticas de la oposición y los sindicatos. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, reconoció los avances macroeconómicos del gobierno, pero advirtió sobre la necesidad de mitigar los costos sociales de la transición.

Mientras el oficialismo celebra la aprobación de la reforma como un hito político, la oposición y los gremios denuncian un retroceso en derechos laborales y la falta de un consenso social amplio. El debate sobre el impacto real de la reforma y su capacidad para generar empleo y crecimiento económico continúa abierto, en un clima de polarización y desafíos para la gobernabilidad.