La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el pedido del Gobierno argentino para suspender el proceso de "discovery" en el juicio por la expropiación de YPF. Esta etapa, fundamental en litigios internacionales, permite a los demandantes acceder a información sobre activos del Estado argentino que podrían ser embargados en caso de que la condena de USD 16.100 millones más intereses quede firme.

El rechazo de Preska implica que la búsqueda de bienes embargables continuará, a pesar de que la defensa argentina argumentó que la medida era improcedente mientras se espera la resolución de la Corte de Apelaciones sobre el fallo principal. "Una suspensión de última hora perjudicaría sustancialmente a los demandantes, quienes han estado buscando diligentemente el cobro de una sentencia de $16.100 millones no suspendida durante más de dos años", fundamentó la magistrada.

Los demandantes, encabezados por Burford Capital y Eton Park, han solicitado información sobre las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y otros activos estatales. El Gobierno argentino, por su parte, sostiene que las reservas del BCRA gozan de inmunidad soberana y que revelar su localización pondría en riesgo la política monetaria y la seguridad financiera del país. Además, la defensa oficial asegura haber entregado más de 115.000 documentos y rechaza las acusaciones de desacato.

El proceso de "discovery" también ha incluido pedidos de comunicaciones privadas de funcionarios y exfuncionarios, con el objetivo de demostrar que empresas estatales como YPF, Banco Nación o Aerolíneas Argentinas actúan como "alter ego" del Estado, lo que permitiría embargar sus activos. El Gobierno rechaza esta interpretación y denuncia un intento de hostigamiento judicial.

Mientras tanto, la resolución de la Corte de Apelaciones sobre la condena principal podría modificar el escenario, pero hasta entonces la presión judicial y financiera sobre Argentina se mantiene. El caso YPF sigue siendo un punto crítico en la agenda económica y legal del país, con implicancias para su acceso a los mercados internacionales y la gestión de sus activos soberanos.