El Gobierno argentino aseguró un ingreso mínimo de 684 millones de dólares tras adjudicar la concesión de cuatro represas hidroeléctricas en la región del Comahue, sobre los ríos Limay y Neuquén. La apertura de las ofertas económicas, realizada el 28 de noviembre de 2025, marcó un hito en la política energética nacional, al consolidar la presencia de empresas locales en detrimento de multinacionales extranjeras.

Las centrales involucradas —Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Cerros Colorados/Planicie Banderita— suman una potencia instalada de aproximadamente 4.170 megavatios, equivalente al 10% de la oferta eléctrica del país. Las concesiones, otorgadas por 30 años, permitirán a los nuevos operadores comercializar la energía generada, con un esquema que prevé la transición progresiva hacia la venta libre en el mercado.

Central Puerto retendrá la operación de Piedra del Águila tras presentar la oferta más alta, de 245 millones de dólares. Edison Inversiones, integrada por empresarios argentinos, desplazó a la estadounidense AES en Alicurá con una propuesta de 162 millones. Por su parte, BML Inversora, controlada por MSU Green Energy, se adjudicó El Chocón con una oferta de 235,7 millones y quedó en posición de desempate con Edison por Cerros Colorados, al no superar la diferencia mínima exigida por el pliego.

El proceso de licitación, que incluyó una revisión técnica previa, excluyó a un consorcio extranjero por no cumplir los requisitos. Las provincias de Río Negro y Neuquén recibirán regalías del 12% y un canon del 2% por el uso del recurso hídrico, además de un fondo para obras de protección y seguridad hídrica.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el resultado como una señal de confianza en el país y una fuente clave de divisas para reforzar las reservas. Manuel Santos Uribelarrea, CEO de MSU, destacó el compromiso de su grupo con el desarrollo energético argentino y la importancia de las inversiones previstas para modernizar la infraestructura.

El esquema de concesión establece que los futuros operadores deberán ejecutar inversiones para garantizar la operación segura y eficiente de las centrales, muchas de las cuales requieren renovación por su antigüedad. El modelo podría replicarse en futuras privatizaciones de represas, en un contexto de búsqueda de mayor participación privada y fortalecimiento de las finanzas públicas.