Un empresario gastronómico de Mendoza fue imputado por el delito de lesiones graves tras protagonizar una violenta agresión en una estación de servicio ubicada a metros del barrio Dalvian. El hecho, ocurrido el 10 de septiembre, quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar y fue confirmado por varios testigos.

Según la investigación liderada por el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, la víctima, Nicolás Hernán Espínola, se encontraba en su camioneta en la fila de la estación YPF sobre la colectora de avenida Champagnat. En ese momento, Ramiro Alonso Isgro, empresario vinculado al Jockey Club y al club Independiente Rivadavia, descendió de su vehículo y, sin mediar palabra, le propinó tres golpes de puño a través de la ventanilla, impactando directamente en el rostro de Espínola.

Los informes médicos incorporados a la causa revelaron que Espínola sufrió fractura de las paredes de la órbita izquierda, fractura de la lámina papirácea del etmoides y del piso orbitario, además de enfisema intraorbitario y hemorragia interna. Estas lesiones le demandaron una recuperación superior a 30 días e implicaron una incapacidad laboral prolongada.

El ataque se habría originado por una discusión banal en la fila de carga, ya que Alonso interpretó que Espínola se adelantó en el turno para cargar combustible, aunque los testimonios y el video de seguridad desmienten esta versión. El material audiovisual y los relatos de los presentes resultaron determinantes para reconstruir la secuencia y atribuirle la autoría al empresario.

Tras reunir las pruebas y testimonios, el fiscal resolvió imputar a Alonso por lesiones graves. El acusado permanece en libertad, aunque con medidas de restricción hacia la víctima, mientras se espera que el caso llegue a juicio en las próximas semanas. El entorno de la víctima exige justicia y garantías de seguridad, mientras que el acusado no ha realizado declaraciones públicas hasta el momento.

Este caso pone en relieve la importancia de la evidencia audiovisual y el testimonio de testigos en la resolución de hechos violentos, así como la necesidad de medidas de protección para las víctimas durante el proceso judicial.