El Gobierno nacional oficializó la privatización de las cuatro principales centrales hidroeléctricas del Comahue, ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro. La medida, impulsada por el ministro de Economía Luis Caputo y avalada por los gobernadores provinciales, busca recaudar divisas en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La Resolución 1200/2025, publicada el 20 de agosto, establece la venta del 100% de las acciones de Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila mediante un concurso público nacional e internacional. El proceso excluye la participación de entes provinciales y municipales, limitando la licitación a empresas privadas, tanto locales como extranjeras. El plazo de concesión será de 30 años, y las ofertas se abrirán el 23 de octubre, pocos días antes de las elecciones nacionales.

El esquema licitatorio permite la presentación de ofertas sin precio base, lo que ha generado preocupación entre legisladores y especialistas por la posibilidad de una venta a "precio vil". Mientras el Estado espera recaudar entre 400 y 500 millones de dólares, informes independientes valoran los activos en más de 5.000 millones de dólares. Las actuales operadoras, como Enel, AES, Central Puerto y Aconcagua Energía, figuran entre los principales interesados en la adquisición.

Las provincias de Neuquén y Río Negro recibirán regalías equivalentes al 12% de las ventas de energía y un canon del 2% por el uso del agua, además de la posibilidad de designar veedores en las usinas. Sin embargo, el proceso ha sido criticado por la eliminación de indemnizaciones especiales para los trabajadores en el traspaso, generando inquietud en los sindicatos del sector.

El precio de la energía estará regulado en los primeros años de concesión, con el 95% de la electricidad vendida a distribuidoras a un valor fijo en dólares, y solo el 5% comercializado libremente. Este porcentaje se incrementará progresivamente hasta alcanzar la liberalización total en 2046.

El contexto de la privatización remite a las políticas de los años 90, cuando las concesiones originales fueron otorgadas y luego prorrogadas por falta de acuerdo político. El FMI ha exigido privatizaciones como parte de la hoja de ruta para fortalecer las reservas internacionales. Senadores patagónicos y sindicatos han manifestado su preocupación por la falta de transparencia y el bajo valor de venta, mientras que el Congreso enfrenta presión para anular los decretos y garantizar la administración estatal de los activos.

Expertos advierten sobre el posible encarecimiento de tarifas y la pérdida de capacidad de planificación energética, mientras el Gobierno defiende la medida como necesaria para cumplir metas fiscales y atraer inversiones. El debate político y social continúa, con implicaciones para el futuro del sector energético argentino.