Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación, cumple desde la semana pasada una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua en su departamento del barrio porteño de Constitución, bajo un régimen de prisión domiciliaria que ha generado un fuerte debate político y jurídico. La medida, dictada tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad, incluye el uso de una tobillera electrónica y un estricto control de sus movimientos por parte del Servicio Penitenciario Federal.

El tribunal dispuso que solo familiares directos, abogados y médicos puedan visitarla sin autorización judicial, excluyendo a dirigentes políticos y otros allegados. Esta restricción, considerada inédita por la defensa de Kirchner, motivó la presentación de recursos para flexibilizar el régimen. "En un sistema democrático no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos con personas que desarrollen esta misma actividad", argumentaron sus abogados en el escrito presentado ante la Justicia.

La expresidenta, a través de sus redes sociales, cuestionó la decisión y la calificó de "arbitraria" y "violatoria de sus derechos civiles y políticos". El diputado Leopoldo Moreau advirtió sobre un posible "conflicto de poderes" y anticipó que, de persistir las restricciones, recurrirán a organismos internacionales.

Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, impulsores de la condena, siguen de cerca el cumplimiento de las condiciones impuestas y no descartan solicitar la revocatoria de la prisión domiciliaria ante cualquier "inconducta". Según fuentes judiciales, los fiscales consideran que los saludos de Kirchner desde el balcón a sus simpatizantes podrían interpretarse como una perturbación al orden público.

El régimen de prisión domiciliaria de Kirchner incluye beneficios como el uso de internet, teléfono celular y servicios de delivery, privilegios no habituales en cárceles comunes. Sin embargo, la tobillera electrónica fue calificada por expertos internacionales como "innecesaria, inadecuada y desproporcionada".

El caso ha reavivado el debate sobre el alcance de los derechos políticos de los condenados y la relación entre los poderes del Estado. La situación de la expresidenta es seguida de cerca tanto a nivel nacional como internacional, y podría derivar en nuevas presentaciones judiciales y reclamos ante organismos de derechos humanos.