La reciente modificación de último momento al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno argentino ha generado una fuerte controversia entre las cámaras empresarias, especialmente en torno al artículo 128, que regula los aportes solidarios obligatorios a entidades empresarias y sindicales. El texto original de la reforma proponía volver voluntarios estos aportes, considerados por muchos como un avance en la libertad de asociación y la reducción de costos laborales no salariales. Sin embargo, la modificación introducida antes del tratamiento legislativo mantiene la obligatoriedad de los aportes hasta 2028 y fija un tope del 0,5% de las remuneraciones de los trabajadores.

Esta decisión ha provocado críticas de sectores mayoristas y pymes, que argumentan que perpetúa "costos ocultos" y dificulta la generación de empleo formal. El aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) equivale al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A y alcanza a más de un millón de trabajadores del sector comercio, representando más de $30.000 millones anuales. Según denuncian entidades como la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) participan de la mesa paritaria y, al mismo tiempo, son beneficiarias de estos fondos, lo que genera un evidente conflicto de intereses.

Diversas entidades empresarias han presentado reclamos ante el Congreso por la falta de trazabilidad y transparencia en la administración de estos recursos. Dirigentes como Natalio Mario Grinman (CAC) y José Luis Ammaturo (Camima) expresaron inicialmente su apoyo a la reforma, pero tras la modificación, manifestaron su rechazo y preocupación por la continuidad de los aportes obligatorios. "Lamento la decisión de ir para atrás con esta medida. La Argentina tiene que avanzar y estas prácticas se tienen que terminar", señaló Ammaturo.

El sector comercio de Córdoba, por su parte, respalda la reforma laboral por la necesidad de modernización, aunque advierte sobre incertidumbres y costos que afectan la rentabilidad y la toma de personal. El debate sobre los aportes solidarios es histórico y afecta la negociación colectiva y el financiamiento de entidades empresarias y sindicales. El Decreto 149/2025 había establecido el carácter voluntario de estos aportes, pero fue suspendido judicialmente.

La reforma laboral, que será debatida en el Senado, busca modernizar el sistema, pero enfrenta resistencias por temas de costos, transparencia y libertad de asociación. Amplios sectores empresariales consideran que la medida consolida un esquema opaco y afecta la competitividad, mientras el oficialismo pretende acelerar el debate durante el período de sesiones extraordinarias en el Congreso.