El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), lo que dejó sin efecto el paro de colectivos anunciado para el interior del país. La medida, comunicada oficialmente por el Ministerio de Capital Humano, entrará en vigencia desde las 00:00 del miércoles 11 de febrero y tendrá una duración de 15 días, durante los cuales las partes deberán retomar las negociaciones y abstenerse de adoptar medidas de fuerza.

El reclamo de la UTA se centra en la obtención de un acuerdo salarial similar al alcanzado recientemente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Pablo Farías, secretario general adjunto de la UTA seccional Córdoba, explicó que el conflicto se encuentra "bastante trabado" y que la conciliación obligatoria será acatada por el gremio. "Tenemos un reclamo justo y no vamos a salir de lo legal", afirmó Farías.

Por su parte, Gerardo Ingaramo, dirigente de FATAP, destacó la diferencia de fondos entre el AMBA y el interior del país, señalando que las provincias han recibido menos coparticipación y enfrentan complicaciones económicas. "En el interior del país se han perdido ya 50 empresas y 2.500 puestos de trabajo", advirtió Ingaramo, quien también subrayó la necesidad de un aumento en la tarifa de los boletos para hacer frente al ajuste salarial. "Las tarifas están en un tope, en un techo, que si aumentamos más la tarifa, los pasajeros se bajan, viajan en otros sistemas alternativos", agregó.

La municipalidad de Córdoba manifestó interés en colaborar para destrabar el conflicto, mientras que en ciudades como Rosario se espera que el servicio de colectivos funcione con normalidad. La resolución fue firmada por Mara Ágata Mentoro y dictada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.

El conflicto surge del ultimátum de la UTA Nacional, que exigía la aplicación de un acuerdo paritario en el interior del país. La amenaza de paro generó preocupación en distintas provincias por el impacto en el servicio de transporte urbano e interurbano. Con la conciliación obligatoria, el Gobierno busca encauzar la negociación entre el gremio y las empresas del sector para destrabar el conflicto salarial y garantizar la continuidad del servicio.

La situación evidencia las dificultades económicas que atraviesan las provincias y el sector del transporte, así como la necesidad de encontrar soluciones que no comprometan la viabilidad del servicio en el interior del país. El resultado de las negociaciones en los próximos días será clave para definir el futuro del transporte público en Argentina.