Jorge Antonio Bergés, ex médico policial de la Policía Bonaerense, falleció este martes a los 83 años mientras cumplía prisión domiciliaria por múltiples condenas de delitos de lesa humanidad. Bergés fue uno de los principales responsables de la apropiación ilegal de bebés, torturas y abusos sexuales en centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar argentina.

Su muerte fue confirmada por organismos de derechos humanos y familiares de víctimas, quienes recordaron su rol en el Pozo de Banfield y el Circuito Camps, donde asistía partos de mujeres secuestradas y participaba en torturas. Entre las condenas más emblemáticas, en 2004 fue sentenciado a prisión perpetua por la apropiación y supresión de identidad de Carmen Gallo Sanz, hija de desaparecidos nacida en cautiverio. En 2012, recibió 25 años de prisión en la causa Circuito Camps, y en 2014 obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria por motivos de salud.

Sobrevivientes como Adriana Calvo relataron en juicios históricos el trato cruel de Bergés, quien obligaba a las mujeres a limpiar la sala tras dar a luz y firmaba certificados de nacimiento falsos. La diputada Alejandrina Barry y Teresa Laborde Calvo, hija de una víctima, expresaron su repudio, lamentando que Bergés nunca reveló el destino de los bebés apropiados.

El caso de Bergés está vinculado a otros represores como Miguel Etchecolatz y Ramón Camps, y refleja el avance judicial en la persecución de crímenes de lesa humanidad. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, llevó a juicio más de 15 casos de nacimientos clandestinos relacionados con Bergés.

La sociedad y militantes repudiaron el beneficio de prisión domiciliaria, y su muerte reaviva el reclamo por verdad y justicia. El "pacto de silencio" mantenido por Bergés deja sin respuesta el paradero de muchos niños apropiados, marcando una deuda pendiente en la memoria colectiva argentina.