La investigación por la contaminación de fentanilo en Argentina avanza con la declaración de los principales imputados y la revisión de los mecanismos de control sanitario. En los tribunales federales de La Plata, el juez Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta tomaron declaración indagatoria a diez personas vinculadas a los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorio Ramallo SA, acusados de fabricar y distribuir lotes adulterados de fentanilo que habrían causado al menos 20 muertes confirmadas y hasta 96 según algunas fuentes.

El empresario Ariel García Furfaro, dueño de ambos laboratorios, se declaró inocente y atribuyó la responsabilidad a empleados y supuestos complots, mientras que otros imputados, incluidos familiares y directivos, negaron participación técnica o administrativa relevante. Las declaraciones revelaron graves fallas en los procesos internos, con movimientos no convalidados, firmas irregulares y falta de control efectivo. Informes del Instituto Malbrán y la ANMAT confirmaron deficiencias en la producción y control de calidad de los lotes 31202 y 31244, fabricados en diciembre de 2024 y distribuidos en enero de 2025.

El juez Kreplak revocó el rol de querellante al Ministerio de Salud y amplió la investigación a posibles omisiones y connivencias de los órganos de control del Poder Ejecutivo Nacional. La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) investiga el posible desvío de ampollas al mercado ilegal, mientras que el intendente de Rosario, Pablo Javkin, vinculó el caso con antecedentes de explosiones y desvíos en laboratorios locales, advirtiendo que las detenciones no serán las últimas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó la detención de los responsables, y el presidente Javier Milei acusó públicamente a Furfaro de vínculos políticos. Familiares de los imputados alegan inocencia y denuncian persecución, mientras la justicia enfrenta cuestionamientos por omisiones y corrupción en los organismos de control. El caso expone graves falencias estructurales en la regulación y trazabilidad de medicamentos en Argentina, con consecuencias directas en la salud pública y la seguridad sanitaria.