En Argentina, el rol de los llamados "facilitadores profesionales" —contadores, abogados, escribanos y financistas— ha cobrado notoriedad en los últimos años por su participación en maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal. Estos expertos diseñan complejas estructuras fiscales y financieras que permiten ocultar el origen y el destino de fondos ilícitos, dificultando la labor de la justicia y los organismos de control.

Entre los casos más emblemáticos figuran los de Ernesto Clarens, financista clave durante el kirchnerismo, y Víctor Manzanares, excontador de los Kirchner, quienes han confesado su participación en el movimiento de grandes sumas de dinero en efectivo. También se destaca la actuación de Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y de escribanos como Adriana Nechevenko y Juan Bautista Derrasaga, vinculados a la creación de sociedades pantalla utilizadas en maniobras de corrupción y narcotráfico.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la OCDE han señalado a la Argentina por la debilidad en la persecución de estos facilitadores, a pesar de que la normativa local —como la Resolución UIF 156/2018— obliga a contadores y escribanos a reportar operaciones sospechosas. Sin embargo, la aplicación de estas normas es limitada y la justicia enfrenta dificultades para probar el dolo directo, es decir, que los facilitadores conocían y participaban voluntariamente en actividades delictivas.

Casos recientes, como el de Orlando Mellino, quien transfirió más de un millón de dólares en activos digitales tras una mención del presidente Javier Milei, muestran la vigencia de estas prácticas. Empresas y bancos internacionales, como BNP Paribas, HSBC y JP Morgan, también han sido señalados por facilitar la fuga y el blanqueo de capitales.

La Cámara Federal suele revocar los procesamientos por falta de pruebas directas, lo que representa un obstáculo para las investigaciones. No obstante, algunos facilitadores han sido condenados, como ejecutivos del banco suizo Lombard Odier, sentenciados por lavar al menos 60 millones de dólares para Lázaro Báez.

Los facilitadores suelen defenderse argumentando que solo proveen servicios legales y desconocen el uso final de las estructuras creadas. Magistrados y fiscales reclaman mayores herramientas para investigar y sancionar estos delitos, mientras organismos internacionales insisten en la necesidad de fortalecer los controles y la cooperación judicial. El fenómeno, que atraviesa distintos gobiernos y partidos políticos, sigue representando un desafío para la transparencia y la justicia en el país.