El reciente encuentro entre el presidente Javier Milei y veinte gobernadores marcó un punto de inflexión en la discusión sobre el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que el Gobierno busca implementar. Los mandatarios provinciales, excluyendo a algunos gobernadores kirchneristas, coincidieron en la necesidad de avanzar en una ley de presupuesto negociada antes de acompañar las reformas laboral y tributaria, consideradas prioritarias por el Ejecutivo para la segunda etapa de gestión.

Durante la reunión, el clima fue cordial y se destacó la voluntad de diálogo, aunque los gobernadores expresaron posteriormente sus reclamos. Entre los principales pedidos figuran la inclusión de partidas para obras públicas y la cobertura de los déficits de las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación. El proyecto oficial contempla un aumento nominal del 50% en las transferencias corrientes por fuera de la coparticipación federal, pero asigna fondos insuficientes para cubrir los déficits previsionales, lo que genera preocupación entre los mandatarios afectados.

El oficialismo, por su parte, busca postergar la aprobación del presupuesto en el Senado hasta después del recambio legislativo, con la expectativa de fortalecer sus bancadas. Mientras tanto, la oposición emplazó a la Comisión de Presupuesto a firmar el dictamen correspondiente para garantizar la sanción antes del cierre del período ordinario. "Nosotros estamos para despachar nuestro dictamen este martes. El cronograma votado en el recinto debe respetarse", enfatizó Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria.

Las provincias insisten en la necesidad de que el presupuesto refleje sus intereses y demandas históricas, como la actualización de fondos previsionales, el avance de obras nacionales paralizadas y la distribución equitativa de recursos. Mandatarios como Martín Llaryora y Gustavo Sáenz subrayaron la importancia de que el presupuesto contemple el potencial productivo del interior y permita consensuar modificaciones. "La voluntad de todos es que haya presupuesto, pero también que atienda los pedidos acumulados", señaló un gobernador norteño.

En este contexto, el Gobierno reasignó fondos a hospitales nacionales y personal de salud, aunque mantiene restricciones en otros rubros. El debate sobre las reformas estructurales, que incluyen la laboral, tributaria y previsional, se vincula con la necesidad de previsibilidad y consenso político. Los gobernadores dialoguistas muestran disposición a acompañar las iniciativas oficiales, pero exigen señales concretas de negociación y apertura.

El escenario político se complejiza con los cambios en la Jefatura de Gabinete y las tensiones internas en el oficialismo. La relación entre la Casa Rosada y las provincias se encuentra en un momento clave, donde la capacidad de articular consensos será determinante para el avance de las reformas y la aprobación del presupuesto. El resultado de estas negociaciones impactará directamente en la gobernabilidad y en la posibilidad de implementar políticas que respondan a las necesidades de la ciudadanía.