El conflicto salarial entre los supermercados y los trabajadores de comercio ha alcanzado un nuevo punto crítico. Las principales cadenas de supermercados decidieron no aplicar el aumento salarial del 1,9% correspondiente al mes de abril, afectando a unos 120 mil empleados. La medida se fundamenta en la falta de homologación del acuerdo paritario por parte del Gobierno, lo que ha generado tensiones tanto en el ámbito gremial como en el empresarial.

El acuerdo, firmado entre la Federación de Empleados de Comercio y las cámaras empresariales, contemplaba un incremento escalonado del 5,4% en tres meses, además de sumas fijas no remunerativas. Sin embargo, en una reunión reciente con supermercadistas, el ministro de Economía, Luis Caputo, reafirmó que el acuerdo no sería homologado, lo que fue interpretado como un aval para no aplicar los aumentos. Esta decisión ha sido criticada por algunos empresarios, quienes consideran que el aumento pactado era "moderado y sensato".

Desde el gremio liderado por Armando Cavalieri, se enviaron cartas documento a las cámaras empresariales exigiendo el cumplimiento del acuerdo. Según el gremio, el convenio incluía una cláusula que garantizaba la validez del aumento incluso sin homologación oficial. No obstante, las empresas liquidaron los sueldos sin los incrementos, argumentando que la falta de homologación les exime de cumplir con lo pactado.

El conflicto se desarrolla en un contexto de alta inflación y presiones económicas. El Gobierno busca contener los precios tras la liberación del cepo cambiario, mientras que las cadenas de supermercados enfrentan dificultades para mantener los costos bajo control. En paralelo, los proveedores han comenzado a enviar listas de precios con aumentos significativos, lo que añade más presión al sector.

Este escenario también ha intensificado las tensiones entre el Gobierno y la CGT, que ya protagonizó un paro general en abril. La falta de avances en las negociaciones podría derivar en nuevas medidas de fuerza por parte de los gremios, aumentando la incertidumbre en un contexto económico ya de por sí complejo.

El desenlace de este conflicto será clave para determinar el rumbo de las relaciones laborales y económicas en los próximos meses. Mientras tanto, los trabajadores afectados continúan esperando una resolución que les permita recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación.